www.manfut.org
ENCLAVE COLONIALISTA COLOMBIANO EN NUESTRA PLATAFORMA NICARAGUENSE.

Parte 2
Fronteras en el mar. Política, derecho y equidad en la delimitación de los espacios marinos

       JOSÉ MANUEL LACLETA,  Instituto Elcano

   Introducción
 

 


 
Es un hecho bien conocido que, aproximadamente, tres cuartas partes de la superficie del globo terrestre están cubiertas por el espacio marino y que, inevitablemente, una gran parte de las actividades humanas se han desarrollado en ese espacio. Actividades de diversa índole, pacíficas, comerciales y económicas, exploradoras y también guerreras. 

Es también muy cierto que donde hay una actividad humana es necesario que existan normas jurídicas destinadas a reglamentarla y ordenarla: ubi societas, ibi jus.  

El océano y los mares han sido el escenario o el camino de grandes empresas humanas, exploración, encuentro de culturas, conquista, colonización, e inevitablemente, también de choques y conflictos. 

A través de los mares se han forjado los grandes imperios, en el mar ha encontrado su sustento una buena parte de la humanidad y el mar ha sido vía de comunicación para el comercio y la cultura a lo largo de la historia.  

Sin embargo, en este trabajo no vamos a ocuparnos del comercio marítimo, ni de la guerra en el mar, ni siquiera, directamente, de la explotación de los recursos del mar. 
 

Pretendemos exponer algunos problemas, de gran actualidad, relativos al ejercicio de los poderes de los Estados, es decir, su soberanía y jurisdicción, en ciertas partes, cada vez más amplias, del espacio marino. En otras palabras, pretendemos analizar brevemente el problema, político y jurídico del reparto de los mares, o dicho en términos jurídicos correctos, la delimitación de los espacios marinos: las fronteras en el mar.
 



Del mar territorial de 3 millas a los fondos marinos "patrimonio común de la humanidad"

Prescindiendo de antecedentes poco precisos, podemos afirmar que durante un largo período  histórico, y como resultado de la conocida controversia entre los partidarios del mare liberum (personificados en la figura de Grocio) y los defensores del mare clausum (seguidores de Selden), solamente se diferenciaban dos espacios marítimos: de una parte, una estrecha franja de mar a lo largo de la costa sometida a la jurisdicción del Estado ribereño, lo que hoy llamamos mar territorial  -aunque en España ha sido denominado, generalmente, hasta fecha reciente, "aguas jurisdiccionales"-  y, de otra parte, el mar libre o alta mar. Este sencillo régimen jurídico ha estado vigente con suficiente claridad desde finales del siglo XVIII, hasta bien entrado el siglo XX, cuando, terminada la Segunda Guerra mundial, nuevas exigencias estratégicas y económicas, es decir, políticas, desencadenaron una profunda revisión del régimen de los espacios marinos.
 

Hasta ese momento, la única controversia de alcance general, no resuelta hasta fecha muy reciente, era la relativa a la anchura de esa franja de mar territorial. Las grandes potencias marítimas de la época, encabezadas obviamente por Inglaterra, y atendiendo a sus intereses estratégicos, coloniales y comerciales, sostenían una pretendida regla de alcance universal que limitaría esa anchura a tres millas náuticas y, efectivamente, la denominada “regla de las tres millas” tuvo un gran alcance en el tiempo y el espacio. 

Sin embargo, siempre hubo países que no la aceptaron: los países escandinavos pretendían un mar territorial de cuatro millas, mientras que España y otros países del Mediterráneo reclamaban una anchura de seis millas. Algunos otros, por ejemplo, Rusia y, posteriormente, algunos países suramericanos, proclamaban mares territoriales de doce millas. Después de la Primera Guerra mundial y, sobre todo, con la proclamación de la "ley seca" en Estados Unidos, la dificultad de la represión del contrabando realizado con lanchas rápidas, dio lugar al establecimiento de la denominada "zona contigua" de doce millas, completada con la noción de la “persecución ininterrumpida” (hot pursuit)..
 
 


 
 
 


 
 


 
 
Todo ello debilitó la regla de las tres millas y llevó al fracaso del primer intento de codificación del derecho del mar, realizado en 1930 bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. Según el prestigioso internacionalista Sr. François, esa regla fue la gran derrotada en aquella ocasión, de la que, en cambio, salió legitimada la “zona contigua” de 12 millas.  Es cierto que la autoridad reconocida al Estado costero en esa zona estaba limitada a ciertas competencias funcionales, pero era el primer paso en la carrera de extensión hacia alta mar de los poderes del Estado, que se iba a acelerar rápidamente después de la Segunda Guerra mundial, pero ya no para preservar intereses de seguridad, militares o policiales, sino esencialmente por razones económicas y llegando a distancias hasta entonces insospechadas.

Lo más interesante, desde un punto de vista político, es que fue precisamente la mayor potencia marítima de aquel momento, Estados Unidos, defensora a ultranza del límite de tres millas para el mar territorial, la que inició la carrera. Fueron las dos declaraciones del Presidente Harry S. Truman, de fecha 28 de septiembre de 1945, inmediatamente copiadas por buen número de países, las que pusieron en marcha el proceso. La que llevaba el número 2667, después de invocar la enorme necesidad mundial de nuevos yacimientos de petróleo y otros minerales, así como la opinión de expertos -según la cual esos recursos se encuentran bajo muchas partes de la plataforma continental a lo largo de las costas de Estados Unidos- proclamaba que “el Gobierno de los Estados Unidos considera que los recursos naturales del suelo y el subsuelo de la plataforma continental en el alta mar contigua a las costas de los Estados Unidos pertenecen a los Estados Unidos y están bajo su jurisdicción y control”[1].   La segunda declaración, número 2668, afirmaba que “en vista de la urgente necesidad de proteger y conservar los recursos pesqueros, el Gobierno de los Estados Unidos considera adecuado establecer zonas de conservación en aquellas zonas de mar contiguas a las costas de los Estados Unidos en las que las actividades pesqueras se han desarrollado o mantenido, o lo serán en el futuro, en una escala esencial”.

 Aunque las dos proclamas presidenciales habían de tener importantes consecuencias en cuanto a la extensión de los espacios marinos sometidos a la autoridad del Estado ribereño, consideraremos en este momento solamente la primera, cuyas consecuencias se hicieron sentir inmediatamente, puesto que buen número de Estados siguieron el ejemplo. En octubre de 1946, la República Argentina declaró pertenecientes a la soberanía de la nación el “mar epicontinental” y el “zócalo continental” argentinos y, en ese mismo año, México reivindicaba toda la plataforma continental o zócalo continental adyacente a sus costas.  En los años siguientes, hasta 1958, fecha de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, veinticinco Estados independientes y nueve territorios que aún no habían alcanzado la independencia, promulgaron normas jurídicas destinadas a proclamar su derecho exclusivo sobre sus plataformas continentales[2].

No es necesario proceder ahora a un estudio detallado de esas disposiciones que ofrecían grandes diferencias, tanto en cuanto al alcance de la autoridad que se afirmaba, como respecto de la zona concernida. Mientras algunos países pretendían ejercer “soberanía”, otros sólo pretenden “jurisdicción” y “control”. Y mientras algunas normas sólo se refieren a la “plataforma continental”, sin más caracterización, unas pocas establecen el límite exterior en la isóbata de los 200 metros (p. ej. Portugal), otras lo fijan en la de 50 metros (p. ej. Camboya), algunas introducen como límite el de la máxima profundidad a la que sea posible la  explotación de  los recursos naturales (Honduras, Venezuela, India e Israel) y un buen número de declaraciones afirman la extensión de la plataforma continental hasta 200 millas de distancia desde la costa, especialmente en el caso de los países de la costa occidental de América del Sur en la que, en realidad, no existe plataforma continental geográfica o, para ser más exactos, geomorfológica.

Parece necesario aclarar desde ahora que la proclama estadounidense de 1945 no dice nada sobre el límite exterior de “la plataforma continental en el alta mar contigua a las costas de los Estados Unidos”.  El texto parece dar por sentado que la plataforma continental es un concepto conocido y, por consiguiente, debemos suponer que la propia noción de “plataforma continental” conlleva su propia delimitación respecto del conjunto de los fondos marinos.  Esta afirmación es exacta en el terreno de la ciencia geográfica, en cuanto entidad física, en realidad geomorfológica y también geológica.  En breve veremos que no lo es en el campo de las conductas políticas y en el del Derecho Internacional, instrumento de aquéllas, donde la noción jurídica se ha ido disociando de la física.
 

 n cuanto entidad física, la plataforma continental no es más que la zona aplacerada que bordea los continentes (o las islas) y que se extiende desde la línea de la bajamar escorada (cero hidrográfico) hasta el lugar en el que se produce un aumento sensible del declive del fondo marino. A partir de ese aumento del declive (borde exterior de la plataforma), nos encontramos en el “talud continental”, que normalmente continúa hasta otra zona donde la pendiente disminuye con un cambio apreciable del gradiente; ahí se inicia una nueva zona denominada  “emersión continental” (en inglés rise) que continúa hasta llegar a los fondos abisales  –la llanura abisal-  de estructura geológica diferente y caracterizada, normalmente, por la desaparición de formaciones sedimentarias de origen terrígeno que, en cambio, constituyen, con espesor considerable, la plataforma y el talud así como la emersión.  A su vez, todo ese conjunto: plataforma, talud y emersión, integran el denominado “margen continental”.

A pesar de las muchas irregularidades que el margen continental puede presentar en diferentes costas, los rasgos generales señalados constituyen una característica muy extendida. Más difícil es el intento de dar un criterio general sobre la distancia desde la costa o la profundidad en el mar donde se presenta el cambio de gradiente que constituye el borde exterior de la plataforma continental geomórfica. En cuanto a la distancia, sólo es posible afirmar una media aproximada en torno a 40 ó 50 millas, pero la distribución es muy irregular y mientras en algunas costas puede alcanzar una anchura de varios cientos de kilómetros, en otros lugares puede no tener más que uno o dos e incluso faltar por completo.  Aunque las variaciones no sean tan grandes, tampoco el criterio batimétrico, tan utilizado, de los 200 metros, puede adoptarse como una definición general, ya que la profundidad a la que se encuentra el borde de la plataforma puede estar comprendida entre unos 50 y más de 400 metros; en ocasiones, es posible encontrar dos escalones a distintas profundidades y, en otras, la transición de la plataforma al talud es muy difícil o, incluso, imposible de precisar[3].
 

 Estas largas explicaciones no son ociosas en el contexto del presente estudio porque, como veremos más adelante, las nociones geomorfológicas de la plataforma y del margen continental han desempeñado un papel importante en ciertas consideraciones jurisprudenciales relativas a la delimitación, entre los Estados, de los espacios marinos, y ello a pesar de que la noción jurídica no coincide en absoluto con la puramente geográfica. Son, sobre todo, las declaraciones formuladas en los últimos años cuarenta y primeros cincuenta, reclamando “plataformas continentales” de 200 millas de anchura o hasta donde fuera posible la explotación de los recursos, las que producen  la disociación del concepto jurídico respecto del geográfico, que será aceptada por la Convención sobre la Plataforma Continental aprobada al terminar la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en Ginebra en abril de 1958.
 


Los colombianos y su trafico de drogas, principalmente cocaina ha destrozado cienes de hogares miskitos, lo que ocasiona tremendos gastsos a la sociedad nicaraguense.
Esa Conferencia había de abordar como problemas principales, en un intento de codificar el “Derecho del Mar”, los de la anchura del mar territorial y la zona contigua, así como los de la plataforma continental, proclamada ya por un buen número de países, y el de la pesca en alta mar, poniendo límites – digamos la verdad - a las pretensiones de los países que intentaban extender su autoridad en materia pesquera más allá del mar territorial o, incluso, en las aguas sobre sus plataformas continentales.  Las discusiones en el seno de la Conferencia giraron en torno a una importante serie de textos preparados por la Comisión de Derecho Internacional (en lo sucesivo C.D.I.), órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, integrado por juristas elegidos a título personal por la Asamblea y encargado, según la Carta, de la codificación y el desarrollo del Derecho Internacional. Al examinar la cuestión del límite exterior de la plataforma continental, teniendo presente la práctica de los Estados, la C.D.I. adoptó, en su primer proyecto, de 1951, el criterio de la explotabilidad puesto que, en aquel entonces, ese límite coincidía con la profundidad donde, en general, termina la plataforma en sentido geomorfológico, es decir, los 200 metros. Sin embargo, algunos miembros de la Comisión pensaban que ese límite podría ser insuficiente cuando el progreso tecnológico permitiese la explotación del lecho y el subsuelo marino  a mayores profundidades.  No obstante, en su reunión de 1953, la Comisión cambió de opinión y optó por el criterio batimétrico estricto: 200 m. de profundidad, teniendo en cuenta las observaciones de algunos gobiernos criticando la falta de precisión del criterio basado en la explotabilidad y señalando que el criterio batimétrico “respondía en aquel momento, y sin duda incluso durante mucho tiempo, a todas las necesidades prácticas”. No era, por cierto, una previsión brillante.

No es de extrañar que en su período de sesiones de 1956 la C.D.I. se viera de nuevo asaltada por las dudas: el criterio batimétrico había sido muy duramente criticado por el gobierno de Chile insistiendo en que no es necesario vincular la existencia de derechos del Estado ribereño a la existencia de una plataforma submarina tal y como la entienden la geografía y la geología. Invocando la igualdad de los Estados, Chile (carente de plataforma continental geomórfica) abogaba por la separación de los conceptos jurídico y geológico-geofísico de la plataforma continental, tesis que fue recogida por la Conferencia Especializada Latinoamericana reunida en Ciudad Trujillo, en 1956, al aprobar una resolución favorable al criterio de la explotabilidad.  En sus textos propuestos ese mismo año, la C.D.I. cita esa conclusión al explicar la necesidad de modificar nuevamente su criterio. La modificación fue muy sencilla y consistió en la yuxtaposición de los dos criterios: “Para los efectos de estos artículos -decía la Comisión– la expresión “plataforma continental” designa el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas, pero situadas fuera del mar territorial, hasta una profundidad de doscientos metros (aproximadamente cien brazas) o más allá de este límite hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas”[4].

Parece sorprendente el éxito de ese texto, que sería aprobado por la Conferencia de 1958 y pasó, prácticamente sin modificaciones, a ser el art. 1 del Convenio sobre la Plataforma Continental de 29 de abril de 1958. Y decimos sorprendente, porque este texto estuvo en el origen de los acontecimientos que llevaron a la convocatoria de la III Conferencia de la ONU sobre el Derecho del Mar, ante la necesidad de poner un límite definitivo a la expansión de los espacios marinos sometidos a la autoridad, en este caso “soberanía funcional”, de los Estados ribereños. Un límite vinculado a la posibilidad de explotar recursos avanzaría constantemente hacia alta mar al compás de los avances de la técnica de los países más desarrollados. Políticamente  -y económicamente– esa situación no era deseable.

Fue la República de Malta la que manifestó más claramente la inaceptabilidad de la situación creada por el art. 6 de la Convención sobre la Plataforma Continental de 1958. En un famoso discurso, pronunciado en la Asamblea General de la ONU en 1967, su Embajador, Arvid Pardo, al presentar el tema “Examen de la cuestión de la reserva exclusiva para fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo en alta mar fuera de los límites de la jurisdicción nacional actual, y del empleo de sus recursos en beneficio de la humanidad”, hizo notar que los avances de la técnica permitían ya la exploración y explotación de los recursos a profundidades insospechadas pocos años antes y, por consiguiente, las grandes potencias podían iniciar ya una competición de tipo colonial para apoderarse de todos los recursos de los fondos marinos.  Para evitarlo y conseguir que esos recursos se destinasen a favorecer el desarrollo de todos los pueblos, era necesario crear un organismo internacional encargado de la administración de tales recursos, que no serían apropiables por ningún Estado fuera de los límites de su jurisdicción nacional.  Evidentemente, ello exigía establecer un límite preciso a la extensión de esa jurisdicción nacional y Malta proponía, inicialmente, la adopción del límite geográfico de la plataforma continental, es decir, los 200 metros de profundidad. Más allá de ese límite, los fondos marinos serían “patrimonio común de la humanidad”.

Para discutir esta cuestión era necesaria una nueva Conferencia en la que también podrían abordarse otras cuestiones no resueltas, como la de la anchura del mar territorial o la de la reglamentación de la pesca.  La propuesta de esa nueva Conferencia no fue grata a las grandes potencias que, por razones esencialmente políticas y estratégicas, deseaban asegurar que solamente se discutieran los temas de la anchura del mar territorial, el paso por los estrechos (previendo ya que aquella anchura se fijaría en 12 millas) y la cuestión de las zonas de pesca. Sin embargo, durante los trabajos de la Comisión preparatoria (denominada Comisión de Fondos Marinos) las potencias marítimas hubieron de admitir la ampliación del temario, el replanteamiento de todos los temas relativos al derecho del mar, así como la revisión de las convenciones de 1958[5].

Evidentemente no es objeto del presente trabajo el estudio de las largas negociaciones que tuvieron lugar durante los nueve años que duraron las reuniones de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973 – 1982). En este momento, nos limitaremos a indicar cuáles son, en la actualidad, los límites exteriores de los diversos espacios marinos en los que el Estado ribereño puede ejercer jurisdicción y que han de ser delimitados respecto de los espacios marinos correspondientes a otros Estados ribereños trazando fronteras en el mar. Comenzando por la línea de bajamar de la costa, o las líneas de base recta del mar territorial, cuando éstas hayan sido trazadas por el Estado costero, los espacios marinos son los siguientes[6]:

a) Mar territorial. Espacio en el que el Estado ribereño ejerce soberanía territorial con la servidumbre del derecho de paso inocente de los buques extranjeros. Su anchura máxima es de 12 millas.

b) Zona contigua. Espacio en el que el Estado ribereño ejerce competencias funcionales en materia de inmigración, sanidad, fiscalidad y aduanas. Su anchura máxima es de 24 millas desde la costa; su anchura efectiva dependerá de la que el Estado ribereño fije para su mar territorial.

c) Zona Económica Exclusiva. Espacio en el que el Estado ribereño ejerce una soberanía funcional y jurisdicción para lo relativo a exploración y explotación de los recursos naturales, vivos y no vivos, de las aguas, el lecho y el subsuelo del mar. Su anchura máxima es de 200 millas desde la costa; su anchura efectiva dependerá de la que el Estado ribereño fije para su mar territorial.

d) Plataforma continental. Espacio marino en el que el Estado ribereño ejerce una soberanía funcional a los fines de la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y el subsuelo del mar. Su anchura alcanza a 200 millas desde la costa cualquiera que sea la configuración geomórfica de los fondos marinos (coincide con los fondos marinos de la zona económica exclusiva). Su anchura máxima puede llegar hasta el borde exterior del margen continental geomórfico, cuando éste se encuentre a más de 200 millas de la costa, hasta un máximo de  350 millas,  medidas  desde la costa, o de 100 millas medidas desde la isóbata de 2.500 metros. En todos los casos, su anchura efectiva dependerá de la que el Estado ribereño fije para su mar territorial. Más allá de las 200 millas, las aguas sobre la plataforma continental jurídica (margen continental geográfico) pertenecen a la alta mar.

Vemos que el poder, especialmente la jurisdicción, de los Estados puede extenderse a gran distancia de la costa. El problema no es el mismo que era cuando ese poder no llegaba más que a unas pocas millas de la costa y se justificaba por las necesidades de defensa y seguridad o las de la vigilancia de su costa, especialmente para impedir el contrabando marítimo. Hoy, esos grandes espacios marinos, sea para la pesca, sea para la explotación de recursos minerales, especialmente hidrocarburos y gas natural, tienen una gran importancia económica y, por tanto, política. El problema político, a resolver entre los Estados, no es tanto el de los límites exteriores sino el de los límites internacionales, es decir, entre los Estados vecinos, sea que estén situados frente a frente, sea que sus costas sean adyacentes. Es la cuestión que examinamos a continuación.
 
 

Las fronteras en el mar
Mientras solo se trató de establecer la continuación en el mar de la frontera terrestre por una pocas millas de mar territorial, los problemas no fueron graves: se trazaba cartográficamente una línea en el mar que seguía la dirección general de la frontera terrestre, o ésta era continuada por una perpendicular a la dirección de la costa o, en muchos casos, se trazaba una línea equidistante de los puntos más próximos en las costas de los dos Estados que habían de delimitar su mar territorial.  En cuanto a las costas situadas frente a frente  y pertenecientes a Estados distintos, el recurso a una línea media equidistante parecía tanto más evidente.

Cuando en los primeros años cincuenta del siglo XX, la Comisión de Derecho Internacional preparaba su proyecto de artículos para la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la aceptación del principio de equidistancia para la delimitación del mar territorial no ofreció grandes dificultados. No obstante, ya se hizo notar entonces que, en ciertas condiciones geográficas, especialmente en estuarios de ríos, determinadas ensenadas o pasajes estrechos, las exigencias de la navegación o de la pesca, o la existencia de derechos históricos, podrían hacer necesaria una desviación de la línea equidistante trazada por métodos geométricos. Habían nacido las “circunstancias especiales” que, como veremos después, nunca fueron definidas con precisión, pero que aconsejaban la modificación de la equidistancia a fin de lograr un resultado equitativo, esencialmente en materia de navegación o pesca.

La Convención sobre el Mar Territorial, adoptada por la I Conferencia en 1958, no tuvo dificultades para acoger este sistema. Es más, también lo adoptó la Convención sobre la Plataforma Continental aprobada en esa misma Conferencia, aunque en este caso el principio de equidistancia no era impuesto en términos tan enérgicos como en el caso del  mar territorial.  Pero, y esto es lo más importante, en ninguno de los casos se definía cuáles eran las circunstancias especiales, y siempre se entendió que se trataba de particularidades menores de la costa que hacían injusta o, si se prefiere, poco equitativa la línea equidistante. Por supuesto, la existencia de circunstancias especiales era siempre más probable en la delimitación lateral de la plataforma continental puesto que, en la construcción geométrica de una línea lateral equidistante, el efecto de algunas particularidades menores de la costa  - como, por ejemplo, la existencia de un pequeño islote, incluso no muy alejado de la costa – podía desviar considerablemente la línea y alterar en gran medida la superficie marítima correspondiente a uno u otro Estado.  Este efecto era tanto más importante en cuanto la extensión de la  plataforma continental era factor determinante de su importancia económica y política: recordemos que el petróleo era y sigue siendo el recurso mineral más importante en la plataforma continental.

A pesar de este problema, la aceptación del principio de equidistancia para la delimitación de espacios marinos en las Convenciones de 1958, no ofreció dificultades y al votarse los artículos correspondientes no hubo ningún voto en contra y muy pocas abstenciones. Ningún participante en la Conferencia, ni siquiera la influyente delegación de Estados Unidos, consideró necesario recordar que en la primera declaración pública de un Estado relativa a la plataforma continental, la Declaración Truman de 1945, a la que ya hemos hecho referencia, se había afirmado que  “en los casos en que la plataforma continental llegue hasta las costas de otro Estado o sea compartida por un Estado adyacente, los límites serán determinados... de acuerdo con principios equitativos”.

En los años que siguieron, desde 1958 hasta 1973, fecha de  iniciación de la III Conferencia de la ONU sobre el Derecho del Mar, la mayoría de los tratados que establecieron delimitaciones internacionales de mar territorial o de plataforma continental, utilizaban el principio de equidistancia, tanto para la delimitación frontal como para la lateral.  Muchos se refieren a las Convenciones de 1958, otros invocan explícitamente la equidistancia o la línea media, otros no mencionan reglas ni principios pero puede apreciarse, consultando los mapas correspondientes, que la línea adoptada es, bien rigurosamente equidistante (aplicación del método), bien una línea simplificada compuesta por segmentos rectos que unen puntos equidistantes. A veces una línea equidistante es modificada para resolver problemas concretos debidos a la presencia de pequeñas islas en la parte central de la zona a delimitar.  Son muy pocos los tratados de delimitación de ese período en los que la equidistancia no es tenida de alguna forma en cuenta.

La práctica de los Estados parecía confirmar que el principio de equidistancia, combinado con el factor de flexibilización de las circunstancias especiales, era capaz de resolver todos los problemas de delimitación marítima y, por tanto, parecía ser aceptado  como un principio general o, incluso, como una norma consuetudinaria. Esta situación fue alterada radicalmente a consecuencia de la famosa sentencia del Tribunal Internacional de Justicia dictada en el asunto de “La plataforma continental en el Mar del Norte”, litigio que enfrentaba a la República Federal Alemana, de un lado, y Holanda y Dinamarca, que hacían causa común, de otro. De esa sentencia deriva la dura controversia que se desarrolló durante la III Conferencia del Derecho del Mar sobre la cuestión de la delimitación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva, en la que se enfrentaron dos posiciones: equidistancia más circunstancias especiales, de un lado, principios equitativos y circunstancias relevantes, de otro. Esa sentencia fue pivote central en la aparente eliminación de la equidistancia como principio o regla jurídica aplicable en la delimitación de espacios marinos y sus consecuencias aún no han sido completamente superadas. Veamos lo que ocurrió.
 

¿Fronteras naturales en el mar?

En los años 1965 y 1966, cuando ya era conocida la importancia de los yacimientos de petróleo en el Mar del Norte, una serie de tratados bilaterales entre los países ribereños, con la excepción de la República Federal Alemana, habían delimitado la plataforma continental ateniéndose al principio de equidistancia. La República Federal había delimitado con sus vecinas, Holanda y Dinamarca, solamente las zonas próximas a la costa, trazando unas cortas líneas equidistantes, pero no había sido posible el acuerdo sobre la plataforma continental. En esa situación, y ante la urgencia de tener seguridad para la concesión de permisos petroleros, los tres países acudieron al Tribunal Internacional de Justicia para resolver la controversia: Holanda y Dinamarca pretendían que la regla aplicable fuera la de la equidistancia, que consideraban pertenecía ya al derecho consuetudinario y completaban su argumentación afirmando que no existían circunstancias especiales que justificaran otra delimitación.

La República Federal negaba la vigencia de aquella regla y pretendía que cada Estado debía obtener una parte “justa y equitativa” de plataforma continental, proporcional a la longitud de su costa. Como pretensión subsidiaria, para el caso de que el Tribunal admitiera la aplicación del principio de equidistancia, la República Federal alegaba la existencia de circunstancias especiales, esencialmente la concavidad de la costa. El mapa núm. 1[7] que reproducimos a continuación, aclara mejor que muchas explicaciones verbales la situación: las líneas de trazo grueso muestran las delimitaciones realizadas, en los años que se indican, entre Gran Bretaña, de una parte, y Holanda, Dinamarca y Noruega, de otra,  así como entre Dinamarca y Noruega.  La línea de trazos B-F-D, la pretendida por Alemania y la línea de puntos B-E-D, la resultante de la equidistancia para Dinamarca y Holanda, respecto de Alemania. Por último,  la línea E-F, es  la frontera en el mar entre Dinamarca y Holanda, que surgiría por aplicación de la equidistancia.
 
 
 
 
 
 
 

La reducida plataforma continental alemana, que resultaba de la aplicación de la equidistancia, era debida a que toda, repitámoslo, toda su costa sobre el mar del Norte quedaba dentro de la concavidad que va desde la costa de Jutlandia hasta las islas holandesas de Frisia y la predominancia, en la construcción geométrica, de los puntos más salientes en los extremos geográficos de la concavidad.  El croquis ilustrativo[8] que acompañaba a la sentencia, y que también reproducimos, explica con toda claridad ese efecto. Las partes en el litigio no habían pedido al Tribunal que trazase las líneas de delimitación, sino que indicara cuáles eran las reglas y principios de Derecho internacional aplicables a esa delimitación. El Tribunal dictó su sentencia en 1969 y, al esforzarse en negar todas las tesis de las partes en litigio  - cosa frecuente en la jurisprudencia internacional en materia de delimitación marítima -  esa sentencia ha tenido, dicho sea desde el gran respeto que debemos al Tribunal, consecuencias muy perturbadoras en la evolución del derecho relativo a la delimitación de los espacios marinos.  Ante todo porque la sentencia de 1969 está en el origen de la larga controversia que se desarrolló durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en lo que concierne a la delimitación de la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

Esas consecuencias hubieran sido evitadas si el Tribunal, aceptando la petición subsidiaria de la República Federal, hubiera dado otra consideración a las circunstancias geográficas del caso y hubiera estimado que una costa situada enteramente dentro de una amplia concavidad constituía una “circunstancia especial”. Ésta era la pretensión alemana, pero el Tribunal, probablemente llevado por el deseo de adoptar una solución no vinculada a las tesis avanzadas por las partes, prefirió negar todo valor al principio de equidistancia, olvidar las circunstancias especiales y buscar nuevas orientaciones en la Proclama Truman de 1945 con su referencia al “acuerdo” y los “principios equitativos” que, a diferencia de la proclama, el Tribunal tiene que explicitar.

Puesto a ello, el Tribunal da una gran importancia a la noción de plataforma continental como continuación bajo el mar del territorio del Estado costero, sobre la que éste tiene un derecho originario, natural y exclusivo. Ya en esa línea, el Tribunal, después de afirmar que el método -subrayemos esa palabra, método- de delimitación basado en la equidistancia no era obligatorio para las partes en litigio, enunciaba los principios y las reglas aplicables con  palabras que evocan la existencia de fronteras naturales en el espacio marino. La  primera regla  era ésta: “La delimitación debe realizarse mediante acuerdo de conformidad con principios equitativos y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, de manera que se atribuya a cada Parte, en toda la medida de lo posible, la totalidad de las zonas de la plataforma continental que constituyen la prolongación natural de su territorio bajo el mar y no inciden en la prolongación natural del territorio de la otra”[9].

Pero era evidente que, en el caso de especie, no era posible delimitar de esa manera, puesto que se trataba de una sola y la misma plataforma continental la que había de ser dividida. Por tanto, el Tribunal añadía: “Si, en aplicación del párrafo precedente, la delimitación atribuye a las Partes zonas que se superpongan, éstas deberán ser divididas entre las Partes por vía de acuerdo o, en su defecto, en partes iguales, a menos que las Partes establezcan un régimen de jurisdicción, de utilización o de explotación en común para todas o algunas de las zonas de superposición”. Vemos aquí la anticipación evidente de que, al menos en las delimitaciones entre Estados adyacentes, es decir, en las delimitaciones  laterales, el Tribunal ya adivinaba que no era de esperar que existieran “fronteras naturales” en la plataforma continental. La realidad ha confirmado sobradamente este hecho.

Previendo esas dificultades, el Tribunal añadía en su sentencia la enumeración de los “factores” –ahora no habla de principios-  que habrían de ser tenidos en cuenta por las Partes en sus negociaciones; a saber, la configuración general de las costas, la existencia de características especiales (que no define), la estructura física y geológica (insiste en la idea de frontera natural), así como los recursos naturales de las zonas a delimitar, en la medida en que fueran conocidos, así como (y aquí el Tribunal recogía la cuestión más importante en las alegaciones de la República Federal) -aunque reduciendo su importancia a la de un mero “factor de comprobación”- la relación razonable que una delimitación “realizada de conformidad con principios equitativos debe mostrar entre la extensión de las zonas de plataforma continental dependientes de un Estado ribereño y la longitud de su litoral medida siguiendo la dirección general de éste”.  No es éste lugar adecuado para desarrollar la crítica de la sentencia de 1969, pero sí debemos recordar que en aquel momento la noción de la plataforma continental, también en sentido jurídico  - y por consiguiente, político – se fundaba en consideraciones geográficas, geomorfológicas y técnicas: continuidad del territorio, profundidad de las aguas y posibilidad de explotación de los recursos.  Retengamos ahora tan sólo la idea de que el Tribunal pensó en la posibilidad de encontrar fronteras naturales en los fondos marinos; puesto que el título jurídico del Estado sobre su plataforma continental estaba vinculado a la prolongación, la continuidad sumergida de su territorio: donde ésta se interrumpiera, terminaría su derecho.
 
 

La III Conferencia del Derecho del Mar y la Zona Económica Exclusiva

No es posible ahora, ni es el objeto de este trabajo, considerar todas las cuestiones que fueron abordadas durante los nueve años de esfuerzos que llevaron a adoptar “casi” por consenso, los 320 artículo que integran, junto con nueve anexos, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sólo nos referiremos a las cuestiones esenciales concernientes a los límites internacionales, es decir, las fronteras en el mar entre Estados, relativas a lo que había sido la plataforma continental.  Y decimos lo que había sido, porque la Conferencia y la Convención aceptaron una nueva definición de la plataforma continental que, ahora, quedaba subsumida en la noción de zona económica exclusiva que incluía no sólo las aguas, sino también el lecho y el subsuelo marinos hasta el límite de las 200 millas, medidas desde la costa.

En esta nueva concepción, las consideraciones geomorfológicas y geológicas carecen de valor.  A nadie puede extrañar que los países de la costa suramericana del Pacífico, vinieran propugnando la existencia de derechos exclusivos para la explotación de los fondos marinos en una zona definida por la distancia desde la costa, puesto que en aquella costa no existe prácticamente una plataforma continental en sentido geográfico o geomorfológico.  Sería –argumentaban, con razón– sumamente injusto que las características de ese tipo de los fondos marinos, les privaran de su derecho a explotar sus recursos por no ser una prolongación sumergida de la masa continental, cuando los medios técnicos ya permitieran esa explotación. Con el triunfo de esa tesis, desaparece el título basado en la geografía, la geomorfología o la geología: el título jurídico deriva simplemente de la distancia desde la costa y no cabe hablar de fronteras naturales en el mar debidas a las particularidades geográficas de los fondos marinos.

Por lo demás, la realidad de las fronteras naturales en el territorio terrestre deriva del hecho de que los accidentes naturales que las constituyen (montañas, ríos, desiertos) suponen un obstáculo para el desarrollo de la actividad humana y para la expansión de los poderes y actividades, militares, económicas, transportes y comunicaciones de los núcleos de poder que son los Estados cuyas fronteras han de delimitarse. Pero en el mar las características de sus fondos  no  suponen obstáculo ninguno puesto que la actividad humana en ellos se realiza en la superficie o, mejor dicho, desde la superficie, donde no existen tales fronteras naturales.  Esta afirmación viene confirmada por el hecho de que, con una sola excepción (la Fosa de Timor, entre Australia e Indonesia), ni uno solo de los numerosos acuerdos de delimitación de plataforma continental o zona económica exclusiva, ni sentencia judicial o laudo arbitral internacionales alguno, han establecido como límite una particularidad geomórfica de los fondos marinos. Volveremos sobre este punto al referirnos a la delimitación de esos espacios, puesto que esa cuestión fue una de las más debatidas entre todas las suscitadas durante la III Conferencia.

En efecto, a pesar del cambio esencial en cuanto al título jurídico, fundamento del derecho de los Estados a su plataforma continental como lecho y subsuelo de su zona económica exclusiva, basado ahora en la distancia, la cuestión de la delimitación, es decir, del trazado de las fronteras en el mar, fue objeto de una larga y dura  negociación entre los partidarios de la equidistancia, como principio fundamental, corregido en su aplicación cuando existieran circunstancias especiales (circunstancias que nunca pudieron ser definidas ni precisadas) y los que se proclamaban partidarios de la aplicación de principios equitativos que, ciertamente, tampoco pudieron ser definidos ni precisados. Los primeros se apoyaban en la práctica de los Estados y la consagración de la distancia en superficie como título. Los segundos ampararon su posición en las primeras palabras de la parte dispositiva de la sentencia de 1969: “La delimitación debe realizarse mediante acuerdo de conformidad con principios equitativos y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes”[10].

El resultado final, como tantas veces, no dio satisfacción a ninguno de los dos grupos. El enconado punto muerto que subsistía al llegar la III Conferencia a su fase final, sólo pudo ser superado mediante la adopción de un texto, bien conocido, en el que se afirma que “la delimitación....se efectuará por acuerdo....sobre la base del derecho internacional... a fin de llegar a una solución equitativa”[11].   Es cierto que los partidarios de los principios equitativos hubieron de aceptar que “sus” principios, nunca explicitados, no fueran ni siquiera aludidos, pero tampoco aparece mencionada la equidistancia. Sin embargo, la existencia en el Derecho Internacional de reglas y principios objetivos relativos a la delimitación de esos espacios marinos,  era admitida, junto con la confesión de que no habían podido ser formulados: para unos serían los principios equitativos no identificados, para otros, la regla de la equidistancia más circunstancias especiales, que tampoco habían sido precisadas. ¿Dónde es posible encontrar hoy esas reglas o principios de Derecho Internacional, esenciales para el trazado de fronteras en el mar?

En un interesante artículo, publicado en la Revista Española de Derecho Internacional en 1990, el juez Bedjaoui, quien poco después sería Presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, recordaba la descripción de los principios equitativos que había hecho Keith Highet: “una paradoja, envuelta en un misterio, en el interior de un enigma”. Y decía el ilustre internacionalista argelino: “Los principios equitativos, implícitamente presentes en el artículo 6 de la Convención de 1958 sobre la plataforma continental, exhumados y valorados por la jurisprudencia de 1969 del Tribunal, han desaparecido oficialmente de la ‘norma fundamental’ adoptada por la Convención de Montego Bay en 1982.... La Conferencia ha firmado su certificado de defunción convencional.... Pero la muerte no existía más que en el papel.... La jurisprudencia y la doctrina posteriores han declarado que los principios equitativos pertenecen al derecho consuetudinario”[12]. En cierto modo estamos de acuerdo con esas afirmaciones y llegaríamos a estarlo plenamente si añadimos una precisión: en la III Conferencia  también murió  -al menos sobre el papel-  la equidistancia, cierto que tras larga batalla y quizá porque sus enemigos la quisieron ver siempre bajo el prisma engañoso de un simple método geométrico y sus defensores no pudieron acreditar que en realidad se trata, también, de un principio, según el cual “la tierra domina el mar”, aunque sí es cierto que su aplicación geométrica, en ciertas circunstancias, esencialmente geográficas,  puede producir efectos no equitativos, desproporcionados, que han de ser corregidos para lograr un resultado equitativo.

Partiendo de esta observación podríamos llegar a decir que los partidarios de los principios  equitativos tenían razón, pero que también la equidistancia es uno de los principios que murieron en el papel en 1982. ¿Ha resurgido la equidistancia en la jurisprudencia posterior a 1982?  Es precisamente en esa jurisprudencia donde podemos encontrar la respuesta a las preguntas que nos planteamos.

Según sostiene el juez Bedjaoui, en el artículo al que nos referimos, los principios equitativos han experimentado una “resurrección milagrosa” que él sitúa en la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto de la delimitación de la plataforma continental entre Libia y Malta, dictada en 1985. Las sentencias anteriores, en los asuntos Túnez – Libia (1982) y Golfo de Maine (1984) son desdeñadas por el juez argelino, a nuestro juicio con toda razón. En ellas no resurgió ningún principio identificable con valor general y las dos han sido abundantemente criticadas por su carácter, "intuitivo y arbitrario"[13], pareciendo estar basadas en la aplicación pura y simple de la equidad ultra legem, o en la idea de que todo caso de delimitación es un unicum, siendo imposible aplicar principios generales.

Sin embargo, por nuestra parte, queremos señalar que en ambos casos fueron avanzadas por las partes pretensiones basadas en la noción de “frontera natural”. Libia pretendía encontrar un límite creado por las estructuras geológicas de los fondos marinos, mientras Túnez invocaba la continuidad geográfica y geomorfológica, y también Canadá argumentaba sobre la base de la adyacencia y continuidad de su territorio bajo el mar.  Todas estas alegaciones, inspiradas por el primer principio enunciado por el Tribunal en 1969, fueron rechazadas, aunque quizá todavía no por la buena razón, sino porque el Tribunal no encontró que, en esos casos, se pudiera identificar con claridad una línea de delimitación en virtud de las características de los fondos marinos.

En el asunto Libia – Malta, el Tribunal también rechazó las argumentaciones de Libia basadas en la prolongación natural de su territorio y en las características geomorfológicas del lecho y el subsuelo marinos. Pero en esta ocasión el Tribunal afirmó que el criterio de la distancia debe aplicarse tanto a la plataforma continental como a la zona económica exclusiva por lo que, donde el margen continental no llega más allá de 200 millas, la noción de plataforma continental que, a pesar de sus orígenes físicos, se ha convertido en un concepto complejo y jurídico, es definida en parte por su distancia desde la orilla y, añade, que, en consecuencia, el título jurídico sobre aquello que ha de ser delimitado no puede dejar de ser pertinente a los fines de la delimitación.  Con ello es evidente que el Tribunal tiene en cuenta la nueva definición de la plataforma continental y la zona económica adoptada en la Convención de Montego Bay y que el principio, enunciado en la sentencia de 1969, de la prolongación natural y, con él, las características geomorfológicas o geológicas de los fondos marinos, son dejadas de lado con carácter general y no sólo para el caso de especie.

Pero aún resaltando la importancia de la distancia, el Tribunal tampoco acogió, en este caso, la tesis de Malta, basada en la equidistancia. Cierto que, al rechazar la tesis maltesa, el Tribunal no se refiere a la equidistancia como principio, sino como método y puede apoyarse en la jurisprudencia anterior para negar que ese método sea el único aplicable, mientras enumera una serie de principios que denomina equitativos y a los que parece otorgar un valor normativo general, a saber, el de que la delimitación no debe tratar de reformar la naturaleza, el de que ha de evitarse la intromisión de una parte en zonas que corresponden a la otra, el del respeto de todas las circunstancias pertinentes, el de que la equidad no implica necesariamente la igualdad y el de que la delimitación no es un acto de justicia distributiva.

Ahora bien, cuando el Tribunal inicia la tarea de trazar la línea de delimitación, la frontera en el mar, lo hace recordando que el título jurídico de un Estado sobre su plataforma continental a una distancia inferior a 200 millas, se basa en la distancia y, “sin albergar ninguna duda sobre lo que debe hacer”[14] traza una línea equidistante como punto (mejor dicho, línea) de partida.  Cierto que esa línea es corregida, primero para eliminar la influencia desproporcionada del islote de Filfla y luego, corrección mucho más importante, desplazando la línea hacia Malta para tener en cuenta la desproporción entre las longitudes de las costas determinantes de la superposición de pretensiones, que estima de 192 millas en Libia y sólo de 24 en Malta. La corrección, que se puede apreciar en el mapa núm. 2, no se efectúa mediante cálculos matemáticos[15]: el Tribunal  la estima equitativa y no cree que exista una “manifiesta desproporción entre las áreas” atribuidas a cada una de las Partes, que, por lo demás, no calcula debido a ciertas dificultades técnicas.
 
 

Volviendo ahora al artículo del juez Bedjaoui, al que nos hemos referido antes[16], parece extraño que, al enunciar los principios equitativos que resurgieron en la sentencia de 1985, no mencione la equidistancia ni la proporcionalidad, que fueron los realmente utilizados por el Tribunal.  Cierto que los retenidos por el internacionalista argelino son mencionados en aquella sentencia y, como no podía ser menos, son compatibles, mejor dicho, complementarios de la equidistancia, incluso el que se refiere a la necesidad de evitar la intromisión de una parte en la zona que corresponde a la otra. Como lo demuestra el razonamiento del Tribunal para trazar la línea de delimitación entre Malta y Libia, esta “no-intromisión” (non-empiètement en el texto francés de la sentencia) no puede referirse, como ocurría en 1969, a los factores geomórficos, es decir, a la continuidad del territorio sumergido, sino a la proyección en superficie del espacio marino generado por la costa. De otro modo la sentencia sería incongruente. Evidentemente el principio de que la delimitación no puede reconstruir completamente la geografía, ni rectificar las desigualdades de la naturaleza, es perfectamente compatible, si no refuerza, la aplicación del principio de equidistancia. Y el respeto de todas las circunstancias pertinentes no es sino otra denominación de la noción de “circunstancias especiales”, íntimamente unido al principio de  equidistancia.  No hay duda de que los dos últimos principios enunciados por el Tribunal en la sentencia de 1985 son plenamente compatibles con el de equidistancia: equidad no implica igualdad, ni obliga a igualar lo que la naturaleza ha hecho desigual y la delimitación no es un problema de justicia distributiva.

Pero el juez Bedjaoui escribía en 1990, cuando todavía imperaba en las interpretaciones doctrinales y en no pocos medios políticos la idea de que la Convención de Montego Bay había orientado la solución de los problemas de la delimitación marítima más allá del mar territorial a favor de “principios equitativos” para lograr una solución equitativa, y había descartado la tesis de la equidistancia. La palabra equidad es un constante ritornello y la equidistancia parece un mero método geométrico y no un principio. Nos interesa ahora, 23 años después, comprobar si la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia ha seguido la línea iniciada en 1985, descartando la idea de las fronteras naturales, geomórficas o geológicas, y partiendo del principio, subrayémoslo mil veces,  principio, de equidistancia.

En este período de tiempo, el Tribunal de La Haya ha dictado tres nuevas sentencias en materia de delimitación marítima: entre Noruega y Dinamarca  (delimitación entre la isla de Jan Mayen y Groenlandia), en 1993; entre Qatar y Bahrein (delimitación marítima y cuestiones territoriales), en 2001, y la recientísima sobre la frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria, en 2002.  En todas ellas, el Tribunal ha descartado por completo la noción de “frontera natural” en el mar y ha utilizado fundamentalmente  -si se prefiere, primariamente, puesto que siempre ha sido el punto (línea) de partida -  la noción – nosotros diríamos, el principio – de equidistancia, adaptando, en ocasiones, la línea resultante del método, a ciertas circunstancias.

Veamos, brevemente, la sentencia de 1993. El mapa núm. 3 la describe gráficamente. La línea de trazo fino (B – A), la más próxima a Jan Mayen, constituía la pretensión danesa; la otra línea fina (D – A) era la pretensión noruega, que era la línea equidistante.  La línea de trazo grueso (M – A) fue la establecida por la sentencia. El Tribunal, en la exposición de sus motivos, parte de la línea equidistante pero, inmediatamente, se pregunta por la existencia de circunstancias especiales y da relevancia a dos: de una parte la disparidad entre las longitudes costeras relevantes, que estima favorece a Dinamarca en una proporción de, nada menos, 9 a 1; en segundo lugar, considera la importancia de los recursos pesqueros en el área meridional de superposición de pretensiones y precisamente en el lado noruego de la línea equidistante. Por todo ello, la línea de delimitación es desplazada hacia Jan Mayen de manera que divida en partes iguales la zona de interés pesquero (zona 1, en el mapa), mientras que hacia el Norte la corrección, justificada por la desproporción, va disminuyendo progresivamente hasta llegar al punto A, que es equidistante. Nuevamente la corrección por la desproporción no es, ni mucho menos, determinada por cálculos matemáticos[17].  El Tribunal se limita a decir, en cuanto a la disparidad de las longitudes costeras que “una división en partes iguales de toda la zona de superposición de reivindicaciones, daría un peso excesivo a esa circunstancia”[18].

En el asunto Qatar – Bahrein, la sentencia, de fecha 16 de marzo de 2001, se expresa con gran rotundidad al afirmar que los derechos sobre el mar derivan de la soberanía del Estado ribereño sobre la tierra “principio que puede ser resumido así: ‘la tierra domina el mar´. Es por tanto la situación territorial terrestre la que ha de ser retenida como punto de partida a fin de determinar los derechos de un Estado costero en el mar”[19]. Recordemos que ese principio es el que fundamenta el de equidistancia. Partiendo de esa base, el Tribunal no iba a tener en cuenta la posibilidad de que existieran fronteras naturales en los fondos marinos. Lejos de considerar esa cuestión, el Tribunal recordó, como precedentes, los asuntos Malta – Libia y Jan Mayen, anunciando que trazaría una línea equidistante y, a continuación, examinaría si existían circunstancias (que se abstuvo de calificar) que debieran conducir a la modificación de esa línea.  Finalmente consideró que no existían tales circunstancias y que la disparidad de las longitudes costeras “no puede ser considerada de tal entidad como para imponer un ajuste de la línea de equidistancia”[20]. La única modificación que el Tribunal introdujo en la línea estrictamente equidistante adoptada fue la de no dar efecto a un bajo fondo, lejos de la costa de Bahrein, del que sólo una ínfima parte emergía en marea alta.
 
 
 
 
 
 
 

En el contexto de este estudio, no es posible dedicar toda la atención que merece a la última sentencia dictada por el Tribunal de La Haya en materia de delimitación marítima, la de fecha 10 de octubre de 2002, que resolvió el litigio entre Camerún y Nigeria. Nos limitaremos a señalar que el Tribunal no se ocupa en absoluto de la eventual existencia de “fronteras naturales” en los fondos marinos. Todo el razonamiento del Tribunal, con continuas referencias a su jurisprudencia anterior, se basa en la afirmación de que ya ha precisado en varias ocasiones cuáles son los criterios, principios y reglas de delimitación aplicables a una línea única de delimitación, es decir, a una frontera marítima, que, afirma el tribunal, encuentran su expresión en el método llamado de los principios equitativos / circunstancias pertinentes. Este método, asegura el Tribunal, “muy próximo al de la equidistancia / circunstancias especiales, aplicable al mar territorial, consiste en trazar de entrada una línea  de equidistancia y examinar, después, si existen factores que exijan un ajuste.... a fin de llegar a un resultado equitativo”[21].  Por tanto, el Tribunal, en esta ocasión, también traza una línea equidistante y a continuación se pregunta si existen circunstancias que justifiquen su modificación. Pero antes dice: “El Tribunal debe insistir a este respecto, en que delimitar con la preocupación de llegar a un resultado equitativo, como lo requiere el Derecho internacional en vigor, no equivale a delimitar en equidad. La jurisprudencia del Tribunal muestra, en efecto, que, en los diferendos sobre delimitación marítima, la equidad no constituye un método de delimitación, sino únicamente un objetivo que conviene tener presente al efectuarla”[22].  No es posible encontrar otra afirmación del Tribunal, en su jurisprudencia delimitadora, más clara y rotunda, ni ignorar que con ella descarta muchas, quizás la mayoría de las invocaciones de pretendidos “principios equitativos” y, desde luego, cualquier interpretación del “principio de equidad” orientada en el sentido de la decisión ex aequo et bono o de la equidad ultra legem.

En armonía con esas explicaciones, la sentencia de 2002 hace otras afirmaciones importantes en el párrafo 294: La configuración geográfica es un dato. El Tribunal no puede modificarla..., es un hecho” y reitera lo que había sostenido desde el asunto del Mar del Norte, en 1969: “la equidad no implica necesariamente la igualdad” y “no se trata de rehacer totalmente la geografía en no importa qué situación de hecho sino, en presencia de una situación geográfica de casi igualdad entre varios Estados, de remediar una particularidad no esencial de la que podría resultar una injustificable diferencia de tratamiento, nunca de rehacer la naturaleza”[23] y aclara que, si ciertas particularidades geográficas pueden ser tenidas en cuenta, es “solamente a título de circunstancias pertinentes al fin, en su caso, de ajustar o desplazar la línea provisional” (subrayado nuestro) que, recordémoslo, desde el asunto Malta – Libia, pasando por Jan Mayen y Qatar – Bahrein, es la resultante de aplicar, no ya el principio, sino el método de la equidistancia entre las costas. ¿Dónde han quedado las posibles “fronteras naturales” que parecía propugnar como principio fundamental la sentencia de 1969? Responderemos a esa pregunta al formular las siguientes conclusiones:
 

Conclusiones

1.-  En ninguna de las sentencias,   judiciales o arbitrales,  relativas a delimitación  marítima, sea de la plataforma continental o de la zona económica exclusiva (que incluye los fondos marinos)  se ha  trazado una línea de delimitación que tuviera en cuenta los accidentes geográficos, geomorfológicos o geológicos de los fondos marinos.

Entre  los ya casi 200 tratados internacionales delimitando espacios marinos, sólo uno ha tenido en cuenta una particularidad de los fondos marinos que, por analogía, podríamos denominar “frontera natural”[24].

2.- Las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, desde la correspondiente al litigio entre Libia y Malta, de 1985, nos permiten obtener una conclusión casi sorprendente: el círculo iniciado en 1958 con los artículos 12 de la Convención sobre el Mar Territorial y 6 de la Convención sobre la plataforma continental, que establecían la regla “equidistancia más circunstancias especiales, pasando por las complicaciones introducidas por la sentencia de 1969, la nueva definición de los espacios marinos y su delimitación en la III Conferencia del Derecho del Mar y la Convención de Montego Bay, las “equitativas” sentencias en los casos Libia-Túnez y Golfo de Maine, se ha cerrado, volviendo al punto de partida.  La mención del Derecho internacional, necesariamente consuetudinario, en los artículos 74 y 83 de esa Convención, es interpretada  por el Tribunal en sus sentencias recientes, desde 1985, dándole un sentido claro: el principio de equidistancia y, por tanto, la línea media o equidistante, es el punto de partida para el trazado de fronteras en el mar, y esa línea sólo es modificada cuando circunstancias pertinentes, fundamentalmente geográficas, ocasionalmente económicas pero reales y objetivas, originan desigualdad cuando en las costas -  no en los fondos – existe cierta igualdad,  pero no cuando en las costas y sus fondos marinos, la naturaleza ha establecido una desigualdad que es, jurídicamente, irremediable.

3.- No existen fronteras naturales en el mar. Los accidentes que en los fondos marinos puedan asimilarse a los que en tierra han llegado a formar esas fronteras, carecen de relevancia puesto que en el espacio marino, la actividad humana se desarrolla en la superficie e incluso la exploración y explotación de los recursos del lecho y el subsuelo marinos se realiza desde la superficie. Es la distancia desde la costa la que constituye el criterio fundamental, susceptible de ser corregido, en ciertas situaciones, para el trazado de fronteras en el mar.  En ese sentido podríamos llegar a decir que la equidistancia entre dos costas, como reflejo del principio “la tierra domina el mar”,  es la única frontera natural posible, no negociada, en el espacio marino.
 

Notas:

1 El texto completo puede verse, en español, en La actual revisión del Derecho del Mar, Vol.. II, 2ª Parte (Textos y Documentos), Madrid 1974, pág. 305.

2 Datos tomados del cuadro sinóptico preparado por la Secretaría General de las N.U. para la II Conferencia sobre el Derecho del Mar, documento A/CONF. 19/8 y reproducido como doc. A/AC. 1135/11.

3 Vid. el memorando preparado por UNESCO para la I Conferencia: United Nations Conference on the Law of the Sea.  Official Records. Vol. I, Preparatory Documents, Ginebra, 1958, pags. 40 y 41.

4 Artículo 67 del Proyecto de artículos, doc. A/3159, pág. 44.

5 Resolución 2574 (XXIV) de la Asamblea General de N.U., de 15 de diciembre de 1969.

6 Cuando se hayan trazado líneas de base recta, las aguas comprendidas entre tales líneas y la rompiente del mar en la costa tienen el carácter de “aguas interiores” sometidas a la plena soberanía territorial del Estado.

7 Fuente: I.C.J. Reports, 1969, pág. 16.

8 Ibid, pág. 17.

9 El subrayado es nuestro.

10 I.C.J., Reports, 1969, pág. 53.

11 Convención de Montego Bay, arts., 74 (zona económica exclusiva) y 83 (plataforma continental).

12  Bedjaoui, M. : L´´ “énigme” des “principes équitables” dans le droit des délimitations maritimes. R.E.D.I.,Vol. XLII, 1990, núm. 2 pág. 371.

13 Ibid., pág. 377

14  I.C.J., Recueil, 1985, párr. 61.

15 “No nice calculations”, había dicho en 1977 el Tribunal arbitral que resolvió la controversia entre Francia y el Reino Unido sobre la delimitación de la plataforma continental, al referirse a la corrección de la línea equidistante, en el sector atlántico, debido a la influencia desproporcionada de las Islas Sorlingas respecto de la francesa de Ouessant: bastaba con reducir una “desproporción manifiesta”.

16 Vid., supra, nota 9

17 Recordemos nuevamente el laudo arbitral de 1977: no nice calculations.

18 I.C.J. Recueil, 1993, párr. 92.

19 No disponemos aún del Recueil de las sentencias correspondiente al año 2001. La cita está tomada del texto mimeografiado, párrafo 185.

20 Idem. Id., párrafo 243.

21 Párrafo 288 de la Sentencia,  que tomamos del texto mimeografiado distribuido por el Tribunal.

22 Párrafo 294, los subrayados son nuestros.

23 En este punto la Sentencia de 2002 reproduce una afirmación tomada de la de 1969 (I.C.J. Recueil, 1969, párr. 91)

24 La “fosa de Timor”, en el acuerdo entre Australia e Indonesia de 9 de octubre de 1972.

Para más información:

Organización Marítima Internacional

Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar
 
 
 
 

La Plataforma del Caribe de Nicaragua ocupa el 80% de la superficie de Nicaragua. En esta vasta extensión, poca profundidad, temperaturas cálidas que favorecen el reciclado de nutrientes constituyen una fórmula que resulta en una considerable productividad biológica que alimentó por siglos a los pescadores nicaraguenses.

Como hoy sucede con el petróleo, las guerras del futuro -apuntan los expertos- girarán en torno a un preciado y escaso recurso, sea petroleo, sea pesca, sea agua.

La actitud arribista de la República de Colombia en su gestión de expander su frontera, e incursionar las otras costas en el Mar Caribe, de paso arrebatar los recursos de Nicaragua, no es reciente.

En nuestro Caribe ha prevalecido el dominio colombiano, porque por la fuerza ni modo, con amenazas de buques militares ni modo y con la bajeza de negociaciones internacionales ni modo, digo bajeza pues los resultados de tales incursiones han sido las fustradas inversiones de terceros en Nicaragua, en detrimento de la unidad centroaméricana y más..la experiencia hondureña por ejemplo, y son muchos los ejemplos que han prevalecido a esos pasos planeados sobre el tiempo, el objetivo colombiano es capturar una buena porción de las riquezas del Mar Caribe y reclamarla como absolutamente suya.

Que derecho le da a Colombia  para arrebatar el mar del caribe..  Que derecho le da a un pais utilizar las viciosas artimañas  diplomáticas  para obtener este objetivo, las guerras comienzan cuando paramos de respetar los derechos del vecino, la experiencia de Colombia con Nicaragua en si ha sido una experiencia que ha resultado en desgaste y negativismo.. una fustrante formula político-militar.

Colombia ha impuesto su territorio bajo su ley, bajo la fuerza, pero antes tales circunstancias ningún instrumento tiene validez.. ellos hubiesen firmado cuando realmente les pertenece por hecho..pero su intento no ha tenido sentido comun,  no puede valerse de artimañas políticas para extender su dominio sobre otros valores, nuestros valores.

Miremos donde estan localizadas las piezas de Nicaragua, no tiene sentido el intentar dibujar una linea imaginaria común en un Mar sin parcelas definidas,  es más tratar de dibujar esas parcelas ocuparian una zona de acceso privilegiada que ningun pais caribeño posee y tal acontecimeinto contra un país es condenable y demandable..  Y  Colombia con los años esta demandando privilegios en el Caribe, privilegios que no le corresponde, y si acaso la formula Colombia tiene éxito en las costas de Nicaragua, estarían perpetuamente condenado a Nicaragua a estar sujetos a la "valla colombiana" que hemos soportado por más de 60 años.

Pero el Gobierno de Colombia (con descaro, después de estar abusando de nuestrios recursos naturales por décadas) afirma que, además de las razones históricas, (por la fuerza, y con trucos en tratados internacionales, abuso indiscriminado de recursos histórico miskito, razones históricas con amplia documentación en la utilización económica de pescadores miskitos. y para muestra un boton..OFFSITE Relacionado LINK The Miskito Indians, described by William Dampier) sus derechos sobre ese territorio están consagrados en el Tratado Bárcenas-Esguerra, suscrito con Managua en 1928, (quién dice eso..Cual es la interpretación, lo cierto es que son Invasores y jueces de su causa- imponen un territorio por la fuerza a su voluntad ) y que la ley internacional obliga a cumplir esos instrumentos.
(la ley internacional no permite esos abusos sino informese Convenção de Genebra de 1958)
 

Y que derecho da a Colombia como a podría México, Estados Unidos ó la misma insular Cuba de extenderse y reclamar su soberania alas narices de los mismos puertos extranjeros....hay tantos países en el área del Caribe que singularizar el Caribe, como "Colombia" apuesta en contra de la paz regional. Arrebata los intereses de paises y marcan esta gran porción como colombianas sin ninguna consideración para los demás.

El Mar Caribe, no es un Mar "sole Colombia" y esa  intentona de poner cercos en el Mar es nada  pacífico..Se han impuestos alli por fuerza y relentes ante las circunstancias economias mas pequeñas. Paises con aquellos recursos naturales que por derecho corresponden, ejemplo el Caribe de Nicaragua.

Recursos tan necesarios para el desarrollo de la propia Nicaragua.

No le da derecho a Colombia bajo ningún instrumento internacional demandar un cerco del Caribe, un patio grande para Colombia, un tratado que se refiere a un par de Islas ocupadas originalmente por los caribies, un tratado que habla de los recursos naturales de los pescadores miskitos.. un país..una cultura ..no Mar abandonado a ser arrebatado .. son ya  tantos recursos naturales robados por Colombia que es un tremendo pecado quitarle el bocado a los pobladores de la Costa Atlática de Nicaragua..y el hecho que no solo agita las relaciones nica-colombiano..mas afecta enormemente sociedades como La Miskita y los creoles de Nicaragua ..los recursos naturales son nuestros, esta economía pequeña.. arrebatado por un pais, Colombia..someten inpunemente a  Nicaragua Miskita a la pobreza.. imponen su cerco imaginario, capturan a los nativos pescadores y cierran las puertas en la cara de los Puertos del Mar Caribe de Nicaragua..eso es el resultado sin haber dado la  ticket a la formula colombiana, ahora que se espera de estos señores en el futuro.
 

Hé aqui nuestros recursos secuestrados..mutilado el territorio nacional..y que han sido ya muchos los años abusados y ocupados por la constante intimidación de Colombia.. por la fuerza quieren lograr acumular su historia..a traves de la fuerza expelen y humillan a un vecino. Viene desde las otras costas..quieren que aceptemos sus dishonestas proposiciones.

Si hemos de botar los cercos al Mar, de hecho sirva para remover estas "dishonestas extensiones"...debemos de remover las constantes humillaciones que hemos sido impuestos.. naves militares colombianas "Vayan a Casa y dejen el caribe Nicaraguense en paz"., apliquemos la ley del justo, y seran ellos, las tropas colombianas, que tendrán que abandonar nuestro mar caribeño...serán ellos los que aprenderan que con esa actitud de "arribistas" nada se gana, se le ha llegado la hora da Colombia..  no valen sus términos tan absorbedores y jamás valeran ante los ojos de las naciones del  mundo, olvidense colombianos de su gran tajada del Mar Caribe para Colombia, despierten que esa actitud es tan magica como aberrante.

Es tiempo que Colombia abandone esa actitud irracional y es tiempo que comprenda que su meta no es  justa para Nicaragua, y sea pues Nicaragua quien explote sus propios recursos. Ya que por derecho internacional son recursos que permanecen en la propia plataforma territorial... irremediablemente..y a simple vista..

Colombia ya tiene suficiente con sus costas y el Mar ..el Mar es de todas las naciones que lo circundem, el Mar es tierra internacional.

Es posible que en la actual formula de Colombia existan intereses de Corporaciones Internacionales,  Ojo se ha hablado mucho de esto..los intereses de terceros son de peso..  señores! en el valor de la prenda señores apuestan los intereses de una sociedad total ..la nicargüense.. que es una sociedad que los necesita.
Y..no bastaran sus billones...el mundo ya super poblado pretender arrebatar estas grandes porciones y demostrar incoherente lo que es evidente, basta con decir, nada quiere que El Caribe sea colombiano, todo país tiene el sueño de ser grande, pero a costa de quien?.

A continuación podrá encontrar una serie de links que relacionan el reclamo de Nicaragua a Colombia a abandonar las postas que naturalmente son nicaragüenses.
 



 
 

Aqui presentamos el Primer capítulo: De los Sistemas Hegemónicos, José M. Zelaya U. estudio de Caso Tratado Bárcenas -Esguerra, Ejemplo del Sistema Hegemónico en el Caribe. Enero de 1974. Más abajo una copia inédita del Tratado Bárcenas Meneses -Esguerra.

El 4 de junio de 1969 el doctor Alfonso Medina Angarita, Embajador de Colombia ante el Gobierno de Nicaragua, presentó formal protesta por las concesiones que Nicaragua había otorgado a ciertas Compañías para explorar y realizar investigaciones mineralógicas en la plataforma continental Nicaragüense en el litoral del Mar Caribe. A juicio del Gobierno Colombiano esas zonas son parte de los dominios marítimos que ese país adquirió como consecuencia del tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, suscrito con Nicaragua en 1928, cuyo texto se inserta más adelante.

Entre .las concesiones otorgadas por Nicaragua y protestadas por Colombia estaba, entre otras, la de Quitasueño, en una zona situada más allá del meridiano 82 de Greenwich, el que Colombia considera como línea limítrofe entre ambos países de acuerdo con su interpretación (Mar Caribe Colombiano) del acta por medio de la cual el Congreso de Nicaragua ratificó en 1930 el tratado mencionado.

Con anterioridad a la protesta y con posterioridad a la misma -incluyendo la actual Administración y tan cerca como diciembre de 1973  el Gobierno de Nicaragua ha continuado otorgando concesiones sobre la plataforma continental de Nicaragua, con lo cual desconoce los alegatos de Colombia que, en la carta de protesta referida, se expresaban así:
 

"...el tratado de 24 de Marzo de 1928, que definió la controversia entre Colombia y Nicaragua a propósito de sus respectivos dominios insulares en el Caribe, declaró expresamente en el parágrafo 1ro. de su artículo 1ro. que no se consideraban incluidos en tal instrumento contractual los cayos RONCADOR, QUITASUEÑO y SERRANA, por estar su dominio en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de América."1
1.-Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

En la respuesta dada por el doctor Lorenzo Guerrero, Canciller de Nicaragua, con fecha 12 de junio del mismo año, se declara que el Gobierno de Nicaragua no considera procedentes las reservas Colombianas; presenta su interpretación del tratado de 1928, y cita las razones de derecho que le asisten para tal interpretación.

El 22 de noviembre de 1969 una nueva carta del doctor Medina plantea en términos más formales las pretensiones cada vez más amplias de Colombia:
"El Gobierno de Colombia desea elevar ante el Gobierno de Vuestra Excelencia, una formal declaración de soberanía en las áreas marítimas situadas al oriente del Meridiano 82 de Greenwich, en especial para los efectos de la exploración o explotación de la plataforma submarina y de los recursos vivos del mar y considera que las concesiones otorgadas por la República de Nicaragua a sociedades o personas naturales que traspasen la mencionada línea, carecerían de valor jurídico, por las razones que paso a indicar:

a.-El carácter definitivo e irrevocable del tratado sobre límites entre Colombia y Nicaragua del 24 de Marzo de 1928.

b.-La aclaración del Acta complementaria del 5 de mayo de 1930, en el sentido de que la línea divisoria de las respectivas áreas o zonas marítimas queda fijada en el Meridiano 82 de Greenwich.

c.-La estipulación contenida en el artículo 1ro. del Tratado del 24 de Marzo de 1928, que excluyó de toda negociación entre Colombia y Nicaragua, los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana.

d.-Finalmente, el Laudo proferido por el Presidente de Francia Emile Loubet, el 11 de Septiembre de 1900, entre Costa Rica y Colombia, que dispuso:
"En cuanto a las islas más distantes del Continente y comprendidas entre la Costa de Mosquitos y el Itsmo de Panamá, especialmente Mangle Chico, Mangle Grande, Cayos del Albuquerque, San Andrés, Santa Catalina, Providencia, Escudo de Veraguas, así como cualesquiera otras islas, islotes y bancos que antes dependieran de la antigua Providencia de Cartagena, bajo la denominación de Cantón de San Andrés, es entendido que el territorio de esas islas, sin exceptuar ninguna, pertenece a los Estados Unidos de Colombia."1

1.-Archivos de la Cancillería Nicaragüense.
 
 


Así quedan expuestas las tesis principales de Colombia, a las que se intentará ubicar en su realidad histórica en otras partes del estudio.

Iniciaremos el asunto con una breve descripción geográfica que cubre más de la zona en disputa.

OFFSITE Relacionado LINK
Lea algo relacionado con Derechos del Mar
Esta diversidad de intereses explica la amplia variedad de posiciones de los países como puede observarse en las reinvidicaciones unilaterales y multilaterales, realizadas por la mayoría de las naciones Latinoamericanas, en el período entre la publicación de las proclamaciones de Truman (septiembre de 1945) y la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ginebra, 1958). Durante este lapso de tiempo Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá; Chile, Cuba, República Dominicana, Ecuador y Perú; Brasil y Venezuela formularon reclamaciones que en mayor o menor grado, diferían de las contenidas en las Proclamaciones del Presidente Truman (7). Mientras que casi todas reclamaban derechos sobre la plataforma continental, por regla general, se apartaban de las Proclamaciones sobre éste punto, en aspectos importantes tales, como el del concepto mismo de la plataforma continental y de su extensión, y de la naturaleza de los derechos del Estado costero en este espacio marítimo y algunos iban claramente más allá de las reclamaciones de los Estados Unidos de América..

La Elevación de Nicaragua

Avdeev y Beloussev identifican con el nombre de "elevación de Nicaragua" uno de los sistemas de crestas submarinas que configuran los fondos del mar Caribe. Entre ellas se extienden las cuencas, y una -la cuenca de Colombia con varios miles de metros de profundidad, centenares de millas de anchura y un fondo abisal bien definido- separa los territorios de Nicaragua y de Colombia, demostrando -a simple noción de ojo- que toda la zona de San Andrés y Providencia es parte natural innegable del territorio Nicaragüense en el Caribe.

Avdeev y Beloussev estiman que la elevación de Nicaragua alcanza anchuras hasta de cuatrocientas millas por debajo del mar Caribe. Afirman que posee una estructura montañosa fuertemente dividida que explica su particular conformación que destaca fosas de poca extensión y profundidad, con relieves que surgen hacia la superficie como los bancos de Pedro, Rosalinda y Serranilla, y las islas de San Andrés y Providencia como parte inseparable y natural de la citada elevación.

Vea el siguiente mapa en el website de National Geographic es increible de claro.

La elevación de Nicaragua -de conformidad con los mismos autores- es una prolongación submarina netamente continental, característica que comparte con las del Caymán, Beata y Curacao.
De hecho, pues, la elevación de Nicaragua no sólo parece -a la vista- ser parte natural del territorio de Nicaragua, sino que es prolongación misma de su continente en el mar.

1.-A. I_ Avdeev y I. M. Beloussev, "On the Geomorphology of the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico", Coloquio sobre Investigaciones y Recursos del Mar Caribe y Regiones Adyacentes, (pp. 215-224), UNESCO, París, Francia, 1971, p. 217.

La Elevación en el Plano de la Isóbata de 200 Metros'

La línea de profundidad de los doscientos metros es uno de los criterios -ya obsoleto- por el que podría determinarse la plataforma legal mínima de un país de conformidad con la Convención correspondiente de Ginebra, de 1958. Como veremos, una gran porción de la plataforma continental legal mínima de Nicaragua va mucho más allá del Meridiano 82 en Greenwich, con su secuela legal correspondiente.

En efecto, a partir de la extremidad más meridional de la elevación de Nicaragua -en la angostura que llamamos "Cuello de Costa Rica" un poco al norte del paralelo 11° N y al este del meridiano 83 de Greenwich, el plano de la isóbata de los 200 metros se dirige acentuadamente hacia el nor-este. A la altura de la extremidad de la misma isóbata para la isla de Providencia, el plano de los 200 metros de profundidad sobrepasa el meridiano 82 de Greenwich, y a la altura del paralelo 15° N el plano se prolonga hasta las proximidades del meridiano 81 de Greenwich para sobrepasarlo siempre hacia el este a la altura del paralelo 16° N.

Entre este último paralelo y el de los 17° N hay una pequeña y poco profunda depresión que separaría esta plataforma legal mínima del plano de la misma profundidad para el banco de Rosalinda. Igual cosa puede decirse del banco de Serranilla. Con ambos bancos, la plataforma legal mínima correspondiente a la costa de Nicaragua en el Caribe se extiende hasta más al este del meridiano 80 de Greenwich.

Tales hechos -innegables hechos geográficos- tienen definidas consecuencias jurídicas totalmente adversas a las pretensiones de Colombia, como se demostrará más adelante.

La Elevación en el Plano de la Isóbata de los 500 Fathoms

La isóbata de los doscientos metros de profundidad no es sino uno de los criterios que señala el articulado de la Convención de Ginebra para determinar la plataforma continental de un país. Otro señalado en el mismo instrumento es el de la explotabilidad. Tal criterio estaría contrapuesto a la existencia del patrimonio común de la humanidad establecido en los fondos marinos y oceánicos situados fuera de las jurisdicciones nacionales por lo que se busca fijar para esas jurisdicciones nacionales un límite exterior que -cada vez con más firmeza- se perfila como el borde exterior de la emersión continental, situado a mayores profundidades pero dentro de las posibilidades de explotabilidad con la técnica ya en existencia.

Resulta, de consiguiente, apropiado identificar los planos de las isóbatas de los 500 de los 1,000 fathoms, aún cuando el borde exterior de la emersión continental en esa zona ya ha sido establecido a profundidades mucho mayores, abarcando una zona que deja dentro de la plataforma continental Nicaragüense todo el macizo de San Andrés.

En efecto, la isóbata de los 500 fathoms sigue una dirección ligeramente divergente con la seguida por la de los doscientos metros de profundidad, y partiendo del cuello de Costa Rica, corta el meridiano 82 de Greenwich aproximadamente a la altura de San Andrés de cuyo plano similar estaría escasamente separado por una pequeña garganta. (No así en el caso de la isóbata de los mil fathoms).

Un poco más al norte del paralelo 14° N, la isóbata de los 500 fathoms tuerce radicalmente hacia el sur formando una península submarina hasta las inmediaciones del paralelo de los 13° N. Esta península submarina está distintamente separada del plano de la misma profundidad correspondiente al macizo de San Andrés. Tiene dos importantes elevaciones, una de ellas es el banco de Quitasueño, y la otra la isla de Providencia con su minúscula compañera artificial, Santa Catalina. Ambas formaciones están -a esa profundidad- unidas directamente al macizo continental de Nicaragua y separadas del de San Andrés.

A esas alturas el ancho de la península submarina citada hace avanzar el plano de los 500 fathoms bastante hacia el este del meridiano 82 de Greenwich, prolongándose con los macizos de Roncador y Serrana hasta las proximidades del meridiano 80 de Costa del Caribe de Nicaragua.

Dirección general y situación de las isóbatas de los 100, 500 y 1000 fathoms de conformidad con las más recientes exploraciones batimétricas en la zona. Su conocimiento es valioso en la determinación de la plataforma continental del país.

Greenwich. En esa forma, el gradiente comprendido entre los dos planos que hemos descrito cubre en esa zona una distancia considerable, lo que da a la plataforma de Nicaragua cierta peculiaridad pero no singularidad.

España vs.  Miskitos vs.  Nicaragua vs. vs.
España legacy- Ultramar Territories, ...Es hora de corregir esos agravantes en la historia..

Tal terminología como unilateralmente legalizando un hurto ante el mundo: Departamento de Ultramar, Provincia de Ultramar, tendrán que cambiar la propia Constitución Nacional de Colombia y corregir todas éstas terminologias asumidas y grados inventados sobre un territorio extrajero invadido..nada cambia la historia... las piezas del ajedrez ahora al descubierto.!!

La Elevación en el Plano de la Isóbata de los 1,000 Fathoms

Para que las formaciones de San Andrés y las de Providencia puedan constituir una unidad geomorfológica débese recurrir a su naturaleza continental común, al hecho de que ambas son parte integrante de una misma masa continental, la de Nicaragua. Esta misma masa continental es la del istmo Centroamericano y se continúa hasta profundidades superiores a la de los mil fathoms.

A partir del Cuello de Costa Rica, el plano de la isóbata de los mil fathoms abre su borde oriental en acentuada dirección nororiental, prolongándose hasta formar unidad natural con Jamaica y otras Antillas. Por su parte norte, el plano comprendería las elevaciones insulares de Honduras conocidas con el nombre de Islas de la Bahía.

Todas estas formaciones están perfectamente diferenciadas en la zona Centroamericana y no hay posibilidad alguna de confundirlas geográficamente con las masas continentales del Norte o de Sur América.

En Consecuencia:

El accidente conocido con el nombre de elevación de Nicaragua forma una cuña que, en dirección casi oriental, prolonga el territorio continental Centroamericano para unirlo con las elevaciones del Arco de las Antillas.

Su prolongación hacia el sur del Cuello de Costa Rica comprende los territorios de las Repúblicas de Costa Rica y Panamá. No hay conexión directa alguna con la masa continental de Colombia, de la que está separada por una fosa submarina bien diferenciada, la de Colombia. La fijación del borde exterior de la emersión continental como borde exterior de la plataforma haría que la plataforma de la elevación de Nicaragua -luego de un límite con Jamaica- fuese compartida únicamente con Honduras. El Cuello de Costa Rica -una formación enteramente real- podría resultar la mejor frontera natural con Costa Rica.

Las formaciones de Roncador, Serrana, Serranilla, Quitasueño, Providencia, San Catalina, así como las islas y cayos que son propios del archipiélago de San Andrés, forman una unidad con la masa continental Centroamericana unida en forma indubitable -geográfica y geomorfológicamente- a la costa Atlántica o Caribeña de Nicaragua, y situadas en una plataforma con muchas de las características de las "borderlands".
Mal puede afirmar Colombia que comparte con Nicaragua una "plataforma común".

Una simple observación de los mapas submarinos de la zona revela que ambos países tienen plataformas separadas distintamente.

La ocupación militar de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina constituye un enclave colonial de Colombia en el territorio Nicaragüense. Sólamente con la ficción jurídica colonialista de "las provincias de ultramar" podría Colombia alegar una unidad jurídica ajena a la naturaleza y al derecho.

No sin razón el 24 de Diciembre de 1913 -cuando Nicaragua hacía arreglos con el Gobierno de los Estados Unidos sobre la posible construcción de una canal interoceánico a través del territorio Nicaragüense- al ser protestados esos arreglos por el Gobierno Colombiano, el Canciller de Nicaragua, don, Diego Manuel Chamorro, expresó en una parte de su respuesta:

"... En lo que respecta al archipiélago de San Andrés, las islas de Vieja Providencia y Santa Catalina, y todas las demás islas y cayos adyacentes a la Costa Mosquitia, en la forma más solemne niega Nicaragua cualesquier derecho de soberanía que Colombia pudiese alegar, ya fuese sobre la base de una real orden que jamás se ejecutó y que fué considerada como no existente desde la época misma en que se expidió, o en alguna posesión ilegal que tiene todas las señales de real violencia, y consecuentemente hace reserva para sí misma del derecho de vindicad en cualquier tiempo el dominio y la soberanía sobre el citado archipiélago."1

1.-Traducción de una traducción al Inglés del documento original en Español. Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1913. U.S. Government Printing Office, Washington, D. C. 1920. pp. 1032-1034.

La tesis del Canciller Chamorro podría ser sostenido con éxito en nuestros días, pues es indudable la característica colonial resultante de la ocupación militar original de Colombia.

OFFSITE Relacionado LINK
Lea sobre:
EL ORIGEN Y CONFORMACION DEL CONTINENTE SURAMERICANO
El origen de la biota colombiana es fundamentalmente suramericano. Este aspecto tiene mucha importancia si se tiene en cuenta que América del Sur fue parte de un gran continente llamado Gondwana y que gradualmente se separó de este como una masa cobrando autonomía.

Parece probable que a comienzos del Mesozoico (hace 135 millones de años), o quizá antes, a finales del Paleozoico (hace 150 millones de años) existiera una gran masa única de tierra, la Pangea, que englobó todas las placas corticales y que ésta más tarde se fragmentó y dió origen a los actuales continentes. Durante el Mesozoico, Pangea probablemente se fragmentó en dos partes, norte y sur, separadas por una franja marina. La porción septentrional, que daría origen a América del Norte y Eurasia (salvo India) se ha denominado Laurasia. La porción meridional se denominó Gondwana y de este supercontinente hicieron parte Africa, la parte peninsular de la India o Decan, la isla de Madagascar, América del Sur, la Antártida, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Tasmania y Australia.

Gráfico y más información sobre la separación de los continentes.

The northern area of Pangea is called Laurasia. During the Permian, Laurasia, was three land areas i15i: Southern Laurasia, continuous with Gondwanaland, and two paleocontinents (Paleo-Siberia and Paleo-China). Narrow deep oceans separated the three.
Today, North America, Europe and the Baltics are fragmented Southern Laurasia which, before its fragmentation, had joined with Gondwanaland. Today, the area, east of the Ural mountains, of Kazakhstania and Siberia, was Paleo-Siberia. Today, the area of China and the Orient, excluding India, was Paleo-China.
Panthalassa (the paleo-ocean) extended from pole to pole, and covered 300 degrees of longitude! Permian world climate would have been effected by its circulation throughout that vast, land barrier free, extent.
 
 


Los Límites del Enclave Colonial

Recordará el lector que en la carta del 22 de Noviembre de 1969, el Embajador Colombiano ante el Gobierno de Managua habla del caracter definitivo e irrevocable del tratado de 1928; de que el meridiano 82 es línea divisoria entre los estados de Colombia y Nicaragua; que la exclusión en el mismo tratado de Roncador, Quitasueño y Serrana es porque son de Colombia, y que el Laudo Loubet de 1900 confirma esa disposición del tratado de 1928.

Suponiendo que se mantuviese como cierto -en el peor de los casos- la irrevocabilidad y lo definitivo del tratado -falsedad que esperamos demostrar en los siguientes capítulos- analizaremos algunos aspectos de las otras afirmaciones en una forma somera pero que permite ir perfilando las condiciones efectivas bajo las que Nicaragua tuvo que acceder al tratado en cuestión.

Mapa de Corn Island

La parte correspondiente del acta de ratificación del Congreso de Nicaragua, de tres de abril de mil novecientos treinta, reza, en efecto:

"Ratificase el Tratado... en la inteligencia de que el Archipiélago de San Andrés que se menciona en la Cláusula Primera... no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greenwich ... 1,1

Haciendo abstracción de toda otra consideración o factor, del texto se deduce:

a) Que el tratado impone al archipiélago un límite convencional por el occidente, el meridiano 82, más allá del cual no puede pasar bajo ningún pretexto, so pena de violentar el tratado mismo. No hay tesis de línea media, ni ninguna otra que pueda alterar esa situación sine qua non para el tratado.

b) No hay nada en el tratado que afirme que el archipiélago se extiende hasta el meridiano 82. Lo que afirma es que no puede pasar de y no que llega hasta. De consiguiente, aún el límite occidental del archipiélago es indeterminado. 1

c) No hay nada en el tratado que indique los límites del mismo achipiélago por el norte, por el sur, ni por el este, ni mucho menos que el citado archipiélago se extienda a todo lo largo del meridiano 82 frente a las costas de Nicaragua para poder entender que ese meridiano sea  en toda su extensión límite de dominios marítimos entre ambos Estados.




La fauna de El Caribe miskito nicaragüense esta siendo explotado por los barcos pesqueros colombianos, estos no respetan ningun tipo de veda,

marcando más en pobreza a los nativos que por propio derecho de su propio patio han explotado este recurso por siglos. Los langosteros es parte de la ocupación miskita que fué utilizada desde antaño, lease lo siguiente:

OFFSITE Relacionado LINK
The Miskito Indians, described by William Dampier


De conformidad con lo que hemos visto en la sección anterior, un hecho es cierto: el llamado archipiélago de San Andrés y Providencia, así como todas las islas, islotes, cayos, bancos, etc., del mismo litoral, todos -sin excepción- se levantan sobre la plataforma continental legal de Nicaragua, de la que forman parte. Esa plataforma legal de Nicaragua rodea por todas sus partes -con límites que no están aún determinados- la porción de la plataforma Nicaragüense ocupada por Colombia, -siempre bajo el supuesto de la validez del tratado de 1928.  Es una situación similar a la de Argentina y la Gran Bretaña en el caso de las islas Malvinas: esta última ocupa esas islas que son parte de la plataforma continental de la primera. La plataforma es de un sólo Estado, con una parte de ella ocupada por otro.

OFFSITE Relacionado LINKS

  • Ver mapa de la zona de las Malvinas click offsite
  • Otro estudio de la situación de las Islas Malvinas
  • El Reino Unido, en relaciones normales con Argentina (un argentino puede ingresar sin problemas a Gran Bretaña), plantea una y otra vez: EL TEMA DE LA SOBERANÍA LE COMPETE ÚNICAMENTE A LOS ISLEÑOS, tratando de desconocer la disputa con Argentina en ese punto (últimamente con la frase "pequeña democracia", el Foreign Office parece avergonzarse de la autoproclamada "Colony" de ciudadanos británicos en las islas, y parece olvidar que acaba de enviar un gobernador elegido en Londres ¿algo de esquizofrenia con amnesia?).

  • 1.-Sin entrar en tantas explicaciones ni detalles, esa es la tesis que sostuvo en sus respuestas el Canciller Nicaragüense, doctor Lorenzo
    Guerrero.



    Cayos de Laguna de Perlas, la plataforma continental de Nicaragua es amplia y bien definida.


    El Límite por el Norte

    A la época en que los Estados Unidos de América -haciendo uso de una proclama del Presidente de dicho país y sobre la base de su legislación interna, las llamadas Actas del Guano-, reclamaron para sí algunos de los islotes y bancos del litoral Nicaragüense del Atlántico -entre éllos los de Quitasueño, Roncador y Serrana- las nociones de la plataforma continental y de la soberanía del Estado ribereño sobre ella no habían cristalizado.

    Frente a la acción unilateral del poderoso vecino del lejano norte, el Gobierno de Nicaragua -que debía su ascensión al poder a la influencia y acción directa de ese mismo poderoso vecino del lejano norte- no tenía ni la fuerza para contrarrestarla, ni un principio de derecho internacional de aplicación y reconocimiento universal que esgrimir en favor de sus intereses. Otros argumentos de derecho que podían haberse presentado -como parece haber habido intentonas- se estrellaron frente a los hechos y realidades del poder hegemónico de los Estados Unidos en el área.
    1.-Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1927, Volume I, U.S. Government Printing Office, Washington, 1942, pp. 323-325.

    En el año de 1928, sin embargo, se suceden entre las actividades diplomáticas entre los Estados Unidos y Colombia dos acontecimientos que años más tarde han de tener profundo significado. Uno de ellos es el de que -al discutir en Washington sobre las posibilidades del tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua- el Secretario de Estado Asistente señor White hace ver al Ministro de Colombia en Washington que las formaciones de Roncador, Quitasueño y Serrana -(en algún caso se menciona también Serranilla)- no forman parte del archipiélago de San Andrés en lo que respecta a la interpretación del Gobierno de los Estados Unidos sobre lo que constituye el archipiélago en referencia.'
    1.-Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1927, Volume I, U.S. Government Printing Office, Washington, 1942, pp. 323-325.
    Por otra parte, en el intercambio de notas que se produce en ese mismo año poco después de la firma del tratado Colombia-Nicaragua, tanto los Estados Unidos como Colombia mantienen su reclamo sobre las formaciones mencionadas. Esa es la situación que está en 1958 -al tiempo de las Convenciones de Ginebra- y que permanece hasta la fecha, por cuanto aún en 1972 cuando se firma el tratado Saccio-Vázquez entre los Estados Unidos y Colombia no hay reconocimiento expreso de la soberanía Colombiana -y el tácito es sumamente discutible- y, más aún, hay expresa negación de soberanía por lo que se refiere al menos a Quitasueño -negación de soberanía que afecta radicalmente a Colombia y que -en lo que respecta a Nicaragua- es una violación manifiesta y clara de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, como veremos.

    Del análisis de los documentos atingentes a las actividades preliminares que dieron como resultado el tratado entre Nicaragua y Colombia; de la situación particular del Gobierno de Nicaragua en lo que respecta al Gobierno de los Estados Unidos de América, que no era otra que de la más completa y total sumisión -como veremos documentalmente más adelante-; del estado de desarrollo del derecho internacional aplicable en la época, y de los actos internacionales recientes, debe desprenderse que en la época de la firma del tratado únicamente Colombia entendía que Roncador, Quitasueño y Serrana eran parte constitutiva del archipiélago de San Andrés, y que, por tanto, su interpretación del tratado de 1928 en ese sentido es unilateral y no está sustentada ni por los hechos ni por la documentación.

    Por consiguiente, cabe afirmar que para Nicaragua el archipiélago de San Andrés -aún en 1928- tiene un límite hacia el norte, límite que no puede incluir Roncador, Quitasueño y Serrana, y que tendría que estar posiblemente al norte de Providencia y al sur de las referidas formaciones de Roncador, Quitasueño y Serrana.

    Los Límites Después de 1958

    Al definirse en 1958 el principio jurídico universal de la plataforma continental y de los derechos imprescriptibles, irrenunciables y ab initio del Estado ribereño sobre esa plataforma, la situación de derecho varía fundamentalmente para Nicaragua.

    Actos soberanos de su gobierno demuestran que pocos años después de haberse consagrado la convención citada, Nicaragua reclama con hechos de ejercicio de soberanía la totalidad de su plataforma continental en el Caribe. Entre 1963 y 1968 casi el total de la plataforma legal mínima -la de los 200 metros de profundidad, aún cuando estuviese más al este del meridiano 82 de Greenwich- había sido otorgada en concesión por el Gobierno.' A partir de 1966 las concesiones que otorga dicho Gobierno aplican el criterio de la explotabilidad, con lo cual rebasa y desconoce todo instrumento o pretendido derecho que no sea superior a la Convención sobre la Plataforma Continental de 1958 y a los derechos que ella otorga al Estado ribereño sobre esa plataforma.

    El 28 de mayo de 1966 la Western Caribbean Petroleum Co., solicitó y le fueron otorgadas dos concesiones de exploración en la plataforma continental de Nicaragua en el Atlántico. Una de esas concesiones cubría el área de Quitasueños, cuya profundidad bajo el nivel de las aguas hace posible su exploración y explotación y es -al tenor de la Convención de Ginebra- parte de la plataforma legal de Nicaragua. Por el sólo hecho de conceder esa exploración, Nicaragua está desconociendo la declaración de status quo que habían acordado los Estados Unidos y Colombia para la zona; desconoce también las pretensiones de soberanía de esos dos países sobre la misma zona, y lo hace con pleno fundamento de derecho, al acogerse al que la comunidad internacional le reconoce ya universalmente mediante la citada Convención de Ginebra.

    Por otra parte, como la zona de Quitasueño está sin discusión alguna más hacia el este del meridiano 82 de Greenwich, el gobierno Nicaragüense está haciendo ver que -aún en el caso de que el archipiélago de San Andrés pudiese llegar hasta ese meridiano por el oeste- no significa de que pueda serlo así en toda la extensión del meridiano referido, puesto que hay por el norte un límite -aún indeterminado- para el archipiélago referido. Todo lo anterior en el supuesto de que la acción del gobierno de Nicaragua no pueda tener una interpretación más amplia. Finalmente -y por inferencia- que el reclamo de Nicaragua a su plataforma legal es en toda la extensión que le otorgue la Convención internacional a que hacemos referencia.

    En octubre de 1967 se otorgan nuevas concesiones y permisos
    1.-Daniel D. Arden, Jr., "Petroleum Prospecting in the Caribbean Area", (pp. 205-213), Coloquio sobre Investigaciones y Recursos del Mar Caribe y Regiones Adyacentes, UNESCO, París, Francia, 1971. p. 209.

    Greenwich- había sido otorgada en concesión por el Gobierno.' A partir de 1966 las concesiones que otorga dicho Gobierno aplican el criterio de la explotabilidad, con lo cual rebasa y desconoce todo instrumento o pretendido derecho que no sea superior a la Convención sobre la Plataforma Continental de 1958 y a los derechos que ella otorga al Estado ribereño sobre esa plataforma.

    El 28 de mayo de 1966 la Western Caribbean Petroleum Co., solicitó y le fueron otorgadas dos concesiones de exploración en la plataforma continental de Nicaragua en el Atlántico. Una de esas concesiones cubría el área de Quitasueños, cuya profundidad bajo el nivel de las aguas hace posible su exploración y explotación y es -al tenor de la Convención de Ginebra- parte de la plataforma legal de Nicaragua. Por el sólo hecho de conceder esa exploración, Nicaragua está desconociendo la declaración de status quo que habían acordado los Estados Unidos y Colombia para la zona; desconoce también las pretensiones de soberanía de esos dos países sobre la misma zona, y lo hace con pleno fundamento de derecho, al acogerse al que la comunidad internacional le reconoce ya universalmente mediante la citada Convención de Ginebra.

    Por otra parte, como la zona de Quitasueño está sin discusión alguna más hacia el este del meridiano 82 de Greenwich, el gobierno Nicaragüense está haciendo ver que -aún en el caso de que el archipiélago de San Andrés pudiese llegar hasta ese meridiano por el oeste- no significa de que pueda serlo así en toda la extensión del meridiano referido, puesto que hay por el norte un límite -aún indeterminado- para el archipiélago referido. Todo lo anterior en el supuesto de que la acción del gobierno de Nicaragua no pueda tener una interpretación más amplia. Finalmente -y por inferencia- que el reclamo de Nicaragua a su plataforma legal es en toda la extensión que le otorgue la Convención internacional a que hacemos referencia.
     

    1.-Daniel D. Arden, Jr., "Petroleum Prospecting in the Caribbean Area", (pp. 205-213), Coloquio sobre Investigaciones y Recursos del Mar Caribe y Regiones Adyacentes, UNESCO, París, Francia, 1971. p. 209.
     

    En octubre de 1967 se otorgan nuevas concesiones y permisos de exploración, -aún después de las protestas Colombianas, en 1969 se publica un informe sobre todas las concesiones y permisos que le fue comunicado al Gobierno Colombiano en debida forma. Ese mismo firme propósito se mantiene aún a fines de 1973, como hemos indicado anteriormente.

    Y las razones para que así sea son indisputables.

    Como hemos señalado, para 1958 la variación de las circunstancias de derecho -únicas a las que puede recurrir un Estado débil y muy pequeño como Nicaragua- es notoria. La Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental ha reconocido para el Estado ribereño -indiscutiblemente Nicaragua con respecto a su litoral Caribe- derechos soberanos sobre su plataforma, los cuales son exclusivos para el Estado ribereño, y son independientes de la ocupación real o ficticia de la plataforma o de toda declaración expresa.

    Al par que Nicaragua hace uso de ese derecho en los primeros años de la década del 60, la presión internacional favoreciendo más amplios desarrollos del principio aumenta, y hoy -aún desde un punto de vista estrictamente económico- ningún Estado ribereño accedería a la merma de sus derechos sobre la plataforma.

    Esa conciencia universal ha sido mayormente fortalecida por la Corte Internacional de Justicia, al aplicar la doctrina del artículo 2 de la Convención de Ginebra a un caso concreto, el de la plataforma continental del Mar del Norte. En su fallo de 20 de Febrero de 1969 la Corte declara que "el derecho del Estado ribereño con respecto al área de la plataforma continental QUE CONSTITUYE UNA PROLONGACION NATURAL DE SU TERRITORIO EN Y DEBAJO DEL MAR existe ipso facto y ab initio, en virtud de su soberanía sobre la tierra."1
     

    1.-North Sea Continental Shelf, Judgement, International Court of Justice, Report 1969, p. 22.

    La trascendencia de esa interpretación legal no podía escapar a la atención de los hombres ilustres de Colombia, y es el propio Canciller Colombiano quien proclama -al comentar sobre el fallo de la Corte- que el derecho del Estado ribereño sobre su plataforma se sobrepone a cualesquiera otro derecho; es de soberanía, no está sujeto ni a ocupaciones ni a declaraciones; es inmanente y eterno y no está sometido a prescripciones.'

    1.-Alfredo Vázquez Carrizosa, Colombia y los Problemas del Mar, Imprenta Nacional, Bogotá, 1971, p. 251.
     

    La Cuestión del Laudo Loubet

    Ya hemos visto que en la carta del Embajador Medina el Gobierno Colombiano arguyó como una de las razones para alegar la invalidez jurídica de las concesiones otorgadas por Nicaragua en las islas del litoral Atlántico, el laudo proferido por el Presidente Loubet en septiembre de 1900 en el conflicto entre Colombia y Costa Rica, en el "que el Primer Mandatario Francés otorgó esas islas "sin exceptuar ninguna" a los Estados Unidos de Colombia.

    Aún cuando en 1913 la Cancillería Nicaragüense -y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1916- rechazó similares argumentaciones de Colombia sobre el laudo Loubet, la reiteración de un argumento inválido puede conducir a la desorientación. Hay aquí un alejamiento muy pronunciado de la realidad jurídica y de la verdad histórica por parte de Colombia. La reiteración de un falso argumento -para evitar calificarla de mala fe- es preferible acusarla como debilidad del conocimiento de parte de los funcionarios que la promueven.

    El ilustrado Gobierno de Colombia conoce que el laudo en referencia fue objeto de rectificaciones y de aclaraciones que afectan -anulándolas- las disposiciones que indebidamente cita en su favor.

    Una de ellas fue motivada por el artículo III de la Convención firmada en París el 20 de enero de 1866 entre Colombia y Costa Rica que originó el arbitraje y que dice:

    Art. # 3 El caso sujeto a arbitraje deberá circunscribirse al territorio disputado que queda dentro de los límites extremos ya descritos, y no podrá afectar de manera alguna los derechos que un tercero QUE NO HA INTERVENIDO en el arbitraje pueda alegar en cuanto a la propiedad del territorio comprendido dentro de los límites indicados
     

    En la opinión y fallo que en 1914 dictara sobre el laudo Loubet el Chief Justice de los Estados Unidos de América, Edward Douglas White, al serle sometido el litigio de fronteras entre Costa Rica y Panamá, el señor White reconoció que el artículo 3 citado arriba evidenciaba la intención de los pactantes de restringir los efectos del fallo para que no afectara a terceros.

    Por otra parte, el Ministro de Costa Rica don Manuel María de Peralta dirigió al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, señor Delcassé, -en septiembre 26 de 1900-, una carta en la que -con base en el referido artículo III- se refiere expresamente a la parte del fallo arbitral concerniente a las islas:
    "Dado que las islas situadas a cierta distancia del continente y comprendidas entre la Costa de Mosquitos y el Istmo de Panamá, esto es, Mangle Chico, Mangle Grande, Cayos de Albuquerque, San Andrés, Santa Catalina, Providencia y otras situadas al norte de los once grados de latitud norte y al este de la Costa de Mosquitos, a las que se hace referencia en el párrafo tercero de la parte dispositiva de la sentencia, no estuvieron comprendidas en la jurisdicción de la antigua provincia de Costa Rica, esta República no las considera sujetas al litigio, por cuanto, en la que respecta a Costa Rica, dichas islas han estado totalmente fuera de la controversia que se ha sometido al juicio de Su Excelencia el Arbitro.

    "Ruego a Su Excelencia la bondad de tomar nota de la observación precedente dado que las Repúblicas de Costa Rica y de Colombia, las únicas interesadas en esta disputa, están comprometidas por el antes mencionado artículo III de la Convención de París, y por lo que de ello corresponde a derecho."2

    1.-Texto completo del acuerdo en British and Foreign State Papers, 18991900, Volume XCII, compilación y edición de Oakes & Maycock, Harrison & Sons, Londres, 1903, pp. 1034-1035.
    2.-Costa Rica-Panamá Arbitration, Argument of Costa Rica before the Arbitrator Hon. Edward Douglas White, Chief Justice of the United States, Press Gibson Brothers, Inc., 1913, Volume II, pp. 538-539. Versión en Inglés, traducida por el autor.

    Además, el 22 de diciembre de 1900, -en el mismo año del laudo-, el señor Crisanto Medina, Ministro de Nicaragua en París, había dirigido una nota al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia solicitando aclaración del laudo en lo que se refería a las islas y otras formaciones similares de la costa Atlántica, particularmente las Mangles -que ya estaban ocupadas por Nicaragua. En esa comunicación se hace ver que Nicaragua reclama soberanía sobre todas ellas y que no conprendía el representante de Nicaragua cómo pudieron ser mencionadas en el laudo si el artículo III de la Convención de París expresamente las excluía.

    El Ministro Delcassé respondió en los siguientes términos:
    "Tomando en cuenta lo acordado sobre este punto entre las dos Repúblicas en el caso, así como las reglas generales del Derecho de Gentes, el Arbitro, al citar con sus nombres las islas mencionadas en su decisión, tuvo únicamente en mente el establecer que el territorio de dichas islas, mencionadas en el tratado concluido en marzo 30 de 1835, entre las Repúblicas de Costa Rica y de Colombia, no se incluye en el dominio de Costa Rica.

    "En tales circunstancias, los derechos que Nicaragua pueda tener a la posesión de dichas islas permanecen enteramente como en el pasado, no habiendo intentado el Arbitro en forma alguna determinar un asunto que no le fue sometido."

    O sea que -muy por el contrario de lo afirmado por el Gobierno de Colombia- el laudo del Presidente Loubet no confiere a dicho país derecho alguno sobre las islas del litoral Nicaragüense, sino que más bien deja intactos los derechos de Nicaragua sobre ellas, sin excepción alguna.
    1.-Obra citada, pp. 540-541.

    CONCLUSIONES

    Geográfica y geomorfológicamente el espolón submarino que forma la elevación de Nicaragua es de origen continental. Es una parte del territorio Centroamericano que extiende el territorio de los Estados ribereños de Centro América -como lo reclama la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 1969- bajo las aguas del mar Caribe. La elevación de Nicaragua está separada de la plataforma continental de Colombia por toda la masa de tierra que se extiende al sur del Cuello de Costa Rica, ocupada por dos Estados intermedios, Costa Rica y Panamá, y también por la Cuenca de Colombia cuyas profundidades abisales podrían llegar a constituir más tarde parte del patrimonio común de la humanidad, es decir, parte de fondos marinos y oceánicos situados fuera de las jurisdicciones nacionales.

    Esas jurisdicciones nacionales -cotérminas con lo que llegaría a ser patrimonio común de la humanidad- en forma firme están perfilándose por lo menos hasta el borde exterior de la emersión continental, inclusive.

    Colombia no tiene adyacencia alguna a la elevación de Nicaragua. Su plataforma continental es distinta y enteramente separada de la plataforma continental Centroamericana.

    Los derechos de Nicaragua en toda su plataforma continental son imprescriptibles y se sobreponen a todo otro derecho; no dependen de su ocupación real o ficticia, ni pueden ser limitados ni aún por expresas declaraciones en contrario.

    Sobre esa plataforma continental Nicaragüense Colombia tiene un enclave colonial al haberse posesionado de las islas de San Andrés y Providencia. Esa tesis ha sido claramente sustentada por los Gobiernos de Nicaragua.

    El tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928 -concertado con Nicaragua bajo las condiciones de que hablaremos en los próximos capítulos- se interpreta por parte de Colombia como base para ampliar el enclave colonial Colombiano a porciones mayores de la plataforma continental de Nicaragua, a todo lo largo del meridiano 82 de Greenwich.

    Si se partiese de la validez del tratado de 1928, las pretensiones de Colombia son infundadas. Dicho tratado expresamente dice que el archipiélago de San Andrés no puede pasar al occidente del meridiano 82, lo cual no significa que deba considerarse que llega hasta dicho meridiano. El límite occidental del referido archipiélago, pues, no está determinado ni por el tratado ni por ningún otro instrumento. La documentación y las discusiones entre los Estados Unidos y Colombia -que condujeron al tratado en cuestión- indican que para los Estados Unidos las formaciones de Roncador, Quitasueño y Serrana están excluidas del archipiélago y -por lo tanto- excluidas de la aplicación del tratado.

    Los Estados Unidos no han reconocido jamás la soberanía de Colombia sobre dichas formaciones.
    Nicaragua -sobre la base de los pronunciamientos de sus gobiernos, su legislación interna, la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1969 sobre el caso de la plataforma del mar del Norte- desconoció desde el principio de la década de los sesenta las reclamaciones de los Estados Unidos y de Colombia sobre lo que sea su plataforma continental.

    Históricamente puede afirmarse que las Administraciones Nicaragüenses post-1958 -Presidentes René Schick, Lorenzo Guerrero, Anastasio Somoza Debayle, y la actual Junta de Gobierno han aplicado el criterio de la explotabilidad en la determinación de la plataforma continental de Nicaragua con base en la Convención de Ginebra. Lo previsible en la evolución del derecho del mar indica que en el futuro se mantendrá la juridicidad de la acción reivindicatoria de Nicaragua.

    El enclave colonial Colombiano de San Andrés está dentro (totalmente rodeado por) la plataforma continental de Nicaragua, y -si se mantuviera la validez del tratado de 1928- habría de ser perfeccionado por un nuevo instrumento que determinara con toda claridad sus límites, en todo su alrededor.

    Los siguientes capítulos enfocarán más íntimamente el tratado y las circunstancias que lo rodearon, para presentarlo como lo que es: un fruto del sistema hegemónico de que fue víctima Nicaragua -acompañada por todos los países que integran la balcanizada región del Caribe, región estratégica desde donde saltó la colonia Española, desde donde se derrumbó el imperio de España, donde quiso asentarse el imperio Inglés, donde se asentó la hegemonía de los Estados Unidos de América, y desde donde esa misma hegemonía está siendo retada en una escala global.
     
     
     

    EL TRATADO DE 1928

    NO FUE MANIFESTACION DE VOLUNTAD SOBERANA

    A lo largo de toda la documentación disponible sobre la gestación del tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, suscrito en 1928 entre Colombia y Nicaragua con la directa intervención de los Estados Unidos de América, y guardando una extraordinaria similitud con el Chamorro-Bryan de 1914 entre Nicaragua y los Estados Unidos, gestándose ambos bajo el mismo Presidente Adolfo Díaz, se nota la extraordinaria influencia, la decisiva influencia del poder hegemónico del gobierno de los Estados Unidos sobre materias internas y exteriores de Nicaragua que -en la época - no pudieron ser resueltos ni con un asomo de respeto al principio de la soberanía del Estado de Nicaragua.

    La firma del tratado con Colombia de 1928 no significó para Nicaragua el logro de un instrumento internacional que pusiera fin y freno a las pretensiones de Colombia de despojar a Nicaragua de buena parte de su reducido patrimonio nacional. En el capítulo anterior hemos visto cómo -sobre la base del referido tratado- presenta ahora reclamaciones inconcebibles sobre la plataforma continental de Nicaragua. Se sirve en esa forma del mismo tratado para asentar -si se le permite- sus futuras reclamaciones que habrán de convertir el mar Caribe en un mar Colombiano.

    Tampoco logró Nicaragua -ni el Gobierno que suscribió respeto alguno internacional, ni aún de parte del pueblo y del Gobierno de la misma Colombia. Las publicaciones de la época dan cuenta más bien de que la actitud de Nicaragua y su Gobierno con las imposiciones y demandas de los Estados Unidos habían identificado a sus gobernantes como incapaces en el campo internacional y como entreguistas en sus cuestiones interiores. Los periódicos de Bogotá -del mes de Febrero de 1928- según lo informó la Asociación de Política Internacional en Nueva York en 1929, calificaban en esos términos a los gobernante Nicaragüenses.

    Se trataba del tiempo en que los Estados Unidos presionaban al Gobierno de Colombia por medio del Ministro Estadounidense Samuel H. Piles, para que resolviera favorablemente las demandas de unos intereses petroleros de los Estados Unidos que se veían afectados por la actitud nacionalista del Gobierno Colombiano. "La prensa -dice el informe de la Asociación estaba furiosa. Casi todos los periodistas estaban de acuerdo en que "el buen amigo" de Colombia señor Piles debería ser notificado DE QUE COLOMBIA • NO ES NICARAGUA, y de que los estadistas Colombianos eran capaces de mantener sus responsabilidades internacionales y de cuidar de sus propios asuntos.

    Los historiadores extranjeros no han sido tampoco benévolos con el Presidente de Nicaragua que suscribió o hizo suscribir ambos tratados bajo sus administraciones. La opinión, por ejemplo, de Arnold J. Toynbee, el ilustre historiador Británico, se refleja en el siguiente párrafo:

    "En suma, el señor (Adolfo) Díaz fue uno de los políticos Nicaragüenses que se ofreció a poner en ejecución las políticas de los Estados Unidos en Nicaragua sin reservas, y en cuyo ofrecimiento se podía confiar puesto que había demostrado ser un servidor leal a los Estados Unidos en el pasado -por ejemplo en 1914, cuando se firmó el Tratado Bryan-Chamorro durante su primer período como Presidente"?
    1.-Foreign Policy Association, Inc., Information Service, "The United States and Colombian Oil", Volume V, No. 2, April 3, 1929, New York, p. 33.
    2.-Arnold J. Toynbee, Survey of International Affairs, 1927, The Royal Institute of International Affairs, Publisher, Oxford University Press, Londres, 1929, p. 502. Original en idioma Inglés. Traducción al Español por el autor.

    Para evitar situaciones como la que retrata Toynbee, en la que el poder público aparece totalmente alienado a intereses extranjeros y hay plena postergación del interés nacional, es que se habla en páginas anteriores de la nacionalización del Estado.

    La alianza política y la amistad internacional no pueden traducirse como abandono de la soberanía, sometimiento y lealtad que no disiente. Si un Estado-núcleo -es decir, un Estado desde el cual la influencia sobre otro se ejerce- la historia de la libertad es la historia de las regulaciones que el pueblo impone al poder público de ese mismo Estado -como alguien lo ha dicho para los Estados Unidos-- cabría preguntarse cuál debería ser la historia de la libertad para un país satélite donde la decisiva influencia política no se deriva de los poderes aparentes del Estado sino de los centros exteriores de influencia.

    La documentación que ha sido analizada para preparar esta sección no deja alternativa y debe deducirse que, en verdad, el juicio emitido por el historiador Toynbee sobre el Presidente Díaz está ajustado a la verdad histórica. Entre él y el Ministro Estadounidense, señor Eberhardt, había tal correspondencia e identificación que, aún en los documentos de la Legación de los Estados Unidos en Managua, es difícil diferenciar cuál es la opinión del Presidente de Nicaragua y la del Ministro de los Estados Unidos.

    En un documento -por ejemplo- por el que el señor Eberhardt informa al Departamento de Estado de Washington, -concordando con la opinión que al respecto le ha expresado el Presidente Díaz-, de que la supervisión de las elecciones por las que el pueblo de Nicaragua ha de nominar al sucesor del Presidente Díaz, debe ser efectuada por los Estados Unidos de América y no por éstos y los otros Estados de la América Central conjuntamente, la Legación presenta al Departamento de Estado algunas razones en las que se fundamenta la opinión expresada, sin cuidarse de indicar cuáles de esas razones serían propias del Presidente de Nicaragua y cuáles del Ministro de los Estados Unidos.

    Podría ser una razón `presidencial' -por ejemplo- la de que "ninguno de los Gobiernos Centro Americanos sería parte desinteresada e imparcial con respecto a la elección nacional de Nicaragua", y podría ser más propia del Ministro de los Estados Unidos la que expresa que "cualesquiera que sea el procedimiento adoptado para la supervisión electoral... es autoevidente que los detalles sólo pueden ser manejados por una gran potencia". Otra de las razones dadas es muy difícil creerla `presidencial', pues afirma que "invitar a los otros países Centro Americanos a ayudar a Nicaragua en la solución de sus problemas es llamar a un ciego
    a que ayude a otro ciego. .."1 Si todas esas razones son las dadas por el Presidente Díaz no hay duda alguna de que el Estado de Nicaragua estaba en imperiosa necesidad de nacionalizar sus poderes públicos!

    Fuera del hecho de que la supervisión electoral en la forma como se efectuó en Nicaragua aún los más extremistas defensores de la política de los Estados Unidos en Nicaragua -y los mismos Estadounidenses- la han calificado de franca intervención en los asuntos internos de este país, en detrimento innegable de la soberanía de su pueblo, el ejemplo anterior presenta una muestra del clima político que vivía Nicaragua a la época de la firma del tratado con Colombia, el conocido con el nombre de Bárcenas Meneses-Esguerra. El pudor nacional obliga a que en las próximas líneas esos aspectos históricos deban limitarse a lo necesario para determinar si el tratado fue o no la expresión innegable de un Estado soberano.

    Dos preguntas respecto al tratado de 1928 no pueden escapar a la inmediata atención del estudioso. Una de ellas buscaría explicar por qué razones, -dadas las urgencias demostradas por los Estados Unidos y por Colombia-, Nicaragua dejó transcurrir dos años entre la firma y la ratificación del tratado Bárcenas Meneses-Esguerra. Hay una respuesta concreta, pues no es un hecho sin explicación que pueda aducirse únicamente a la tradicional "tardanza latina". La segunda trataría de escudriñar las razones que impidieron que otro Presidente de Nicaragua, el General José María Moncada, -quien claramente definió el tratado Bryan-Chamorro de 1914 como inconstitucional porque cedía temporalmente la soberanía sobre parte del territorio nacional-, no calificara de inconstitucional el tratado Bárcenas MenesesEsguerra, -al que francamente se opuso-, a pesar de que éste cedía permanentemente la soberanía de Nicaragua sobre parte de su territorio nacional. La respuesta tiene también profundas raíces políticas que es preciso explorar adecuadamente para que, -en capítulo posterior-, se enfoquen las implicaciones de ambas respuestas desde el punto de vista del derecho internacional.

    Con estas dos preguntas en mente, sin embargo, podemos adentrarnos en la exploración del ambiente político que da contexto jurídico y ético al tratado Colombo-Nicaragüense de 1928.

    Proposición Primera.-Los Estados Unidos y la Gran Bretaña, desde la segunda década del siglo XX habían reconocido tácitamente que Roncador, Quitasueño, Serrana y las demás formaciones similares no formaban parte física ni política del archipiélago de San Andrés ocupado entonces por Colombia.

    Con base en el Acta del Guano de 1856, el Presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos proclamó en 1919 que las formaciones de Serrana, Quitasueño y Roncador quedaban reservadas para establecer en ellas ayudas de navegación. Ese mismo hecho significó un ejercicio de soberanía que implicaba el desconocimiento de toda otra, -por tanto la de Colombia-, y la declaración implícita de que las formaciones referidas no constituían parte del archipiélago ocupado por Colombia, pues de otra manera no hubiese podido ser hecha la proclamación de 1919 sobre la base del Acta del Guano.

    Por otra parte, en ocasión de ventilarse entre los Gobiernos de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña el arresto de unos marineros Británicas que se había efectuado en aguas cercanas a Roncador, parece ser que el Ministro Colombiano ante el Gobierno Británico afirmó que los Estados Unidos habían reconocido la soberanía Colombiana sobre toda la zona al solicitar permiso para instalar ayudas de navegación en Roncador.1
    1.-Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Paper Relating to the Foreign Relations of the United States, 1927, Volume III, versión en Inglés. U.S. Government Printing Office, Washington, 1942. pp. 299 y siguientes.
     

    El Embajador Británico ante el Gobierno Americano, Sir Esme Howard, solicitó información sobre lo afirmado por el Embajador de Colombia, con fecha 4 de junio de 1926, adelantando que una formación como las indicadas, semisumergidas y deshacapítulo posterior-, se enfoquen las implicaciones de ambas respuestas desde el punto de vista del derecho internacional.

    l Para aclarar esta nueva interpretación equivocada de documentos que hace otro funcionario del Gobierno de Colombia debe verse la documentación del Departamento de Estado sobre el particular indicadas en Green Haywood Hackworth, Digest of International Law, Volume I, U.S. Government Printing Office, Washington, 1940, pp. 523-524.

     Soberanía sobre la plataforma, según ha sentenciado la Corte Internacional de Justicia.

    El reconocimiento otorgado por España merece mención especial por ser uno de los más antiguos -data de mediados del siglo XIX- y proviene de la sede de la política y administración colonial. En ese reconocimiento de la soberanía e independencia de Nicaragua se incluyen las islas adyacentes, que más tarde aparecen expresamente -antes de 1928- como parte indisoluble del territorio de Nicaragua.

    Los Estados Unidos -y muy particularmente con el muy bien conocido tratado Bryan-Chamorro de 1914, abrogado en 1970 bajo la Administración de Anastasio Somoza Debayle- reconocen la soberanía de Nicaragua sobre una parte de las islas en disputa, las islas Grande y Pequeña del Maíz. Su acción obedece a sus intereses en el Canal por Nicaragua, así como al mantenimiento de sus confirmadas aspiraciones de soberanía sobre Roncador, Quitasueño y Serrana. Es posible que otros intereses, -además de los que tenían en la zona de Nicaragua-, les haya inducido a adoptar una posición explicable, pero insostenible con el subsiguiente desarrollo del derecho internacional.

    El reconocimiento de la soberanía de Nicaragua sobre las Islas del Maíz es reiterado en 1923, conforme se demuestra en el documento siguiente enviado por el Secretario del Tesoro al Secretario de Estado del Gobierno Americano:

    "Washington, Noviembre 3, 1923.
    Tengo el honor de hacer referencia a su carta del 29 último, en relación con la consulta hecha por el Cónsul en Bluefields, Nicaragua, sobre si las Islas Grande y Pequeña del Maíz se consideran parte de los Estados Unidos para los efectos de obtener entrada libre de gravámenes para los cocos que provengan de las islas mencionadas. "Usted me indica que por el Artículo III del Tratado de Agosto 5 de 1914 con Nicaragua, esas islas fueron arrendadas a los Estados Unidos... y que desde un punto de vista internacional. . . las islas pueden ser consideradas.... como parte del territorio de los Estados Unidos  país extranjero.
    "Respetuosamente, MCKENZIE MOSS, Secretario Asistente."'
    "En vista, sin embargo... de que este Gobierno no ha tomado posesión de las islas en arriendo, y que Nicaragua ha continuado el ejercicio de su jurisdicción en ellas, soy de opinión que para los efectos del Acta de Aranceles de 1922 esas islas deben ser consideradas como

    Este mantenimiento de la primacía del hecho sobre el derecho que condujo a la distribución de la zona entre tres países no justifica ni ayuda a explicar lo posición que más tarde adoptan los Estados Unidos de oponerse a la proposición de Nicaragua de someter a arbitraje la posesión de San Andrés.

    Proposición Tercera.-El Gobierno de los Estados Unidos rechazó la propuesta de Nicaragua de someter a arbitraje la cuestión de San Andrés, apoyando en cambio la contrapropuesta Colombiana de distribuir entre Colombia y Nicaragua la Costa de Mosquitia y determinadas islas. Instruyó, además, a su Encargado de Negocios en Managua a que presentara la propuesta Colombiana como una que el Departamento de Estado consideraba satisfactoria para solucionar la disputa. El Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua no ocultó su disgusto por la reacción oficial Americana.

    No. 212. Marzo 21 de 1925.-Del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América al Encargado de Negocios en Managua.
    "Con referencia al despacho No. 3 de esa Legación, fecha enero 6 de 1925, por el cual transmite una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua al Secretario de Estado, en la que el Ministro de Relaciones Exteriores solicita los buenos oficios de la Secretaría de Estado para persuadir a Colombia a someter a arbitraje la cuestión de la pertenencia del Archipiélago de San Andrés, por este medio se envía respuesta del Secretario de Estado para que usted haga entrega de la misma al Ministro Nicaragüense de Relaciones Exteriores. Se envía una copia extra de la respuesta para los archivos de la Legación. Una traducción de la nota del Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua al Secretario de Estado también se le envía para esos archivos.

    1.-Departamento de Estado, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1923, Volume II, U.S. Government Printing Office, Washington, 1938, pp. 615-616. El mismo volumen contiene más documentos sobre este asunto.
    2.-Para detalles de los acuerdos internacionales a que se alude en esta proposición, ver páginas 65 y siguientes de esta misma obra.
     

    "Observará usted que el Departamento (de Estado) no ha considerado aconsejable acceder a la petición de Nicaragua de recomendar a Colombia un arbitraje que trate solamente sobre la pertenencia del Archipiélago de San Andrés.

    El Departamento considera que la propuesta que ya hizo Colombia de acuerdo con la cual Nicaragua mantendría para sí la Costa Mosquitia y las Islas del Maíz, y Colombia el Archipiélago de San Andrés, ofrecería una solución equitativa para la controversia. Por tanto, el Departamento considerará satisfactorio que usted discuta informalmente con el Gobierno de Nicaragua la conveniencia de poner fin en tal forma a tan prolongada controversia diplomática.

    Por favor informe al Departamento de los resultados de esa discusión. Soy (etc.) FRANK B. KELLOGG."1
    Washington, Marzo 21 de 1925.-
    Respuesta que dió el Secretario de Estado, señor Kellogg, al Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua sobre una propuesta de buenos oficios para que Colombia aceptara someter a arbitraje la cuestión de San Andrés.

    "Excelencia: Tengo el honor de acusar recibo de la nota de vuestro predecesor, de 29 de Diciembre, 1924, en la que me informaba de la situación actual de la controversia entre los Gobiernos de Nicaragua y de Colombia con respecto a la pertenencia de la costa Mosquitia y de las islas adyacentes, incluyendo especialmente las islas del Maíz y el Archipiélago de San Andrés. Me percato de que luego de fracasar en el arreglo de la controversia por medio de negociaciones diplomáticas, vuestro Gobierno acreditó ante el Gobierno Colombiano una Legación con instrucciones de presentar ante aquél el proyecto de una convención, copia de la cual se me envió con la nota de vuestro predecesor; que tal proyecto no fue aceptado por Colombia; que Colombia propone ahora un arreglo, dejando a dicho país el Archipiélago de San Andrés y a Nicaragua la costa Mosquitia y las Islas del Maíz; que el Gobierno Nicaragüense ha rechazado tal propuesta, y que se encuentra constreñido a solicitar los buenos oficios del Gobierno de los Estados Unidos de América a fin de que el Gobierno de Colombia pueda acceder a someter a arbitraje la pertenencia del Archipiélago de San Andrés.

    1.-Traducción del autor del documento contenido en U.S. Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1925, Part I, Volume I, U.S. Government Printing Office, Washington, 1940, pp. 431-432.
    2.-Nótese que el Secretario de Estado de los Estados Unidos llama islas adyacentes a las que están en disputa con Colombia, es decir a las de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las del Maíz, excluyendo posiblemente las que consideraba de los Estados Unidos. Volveremos sobre ésto posteriormente.
     

    "En respuesta tengo el honor de informaros que la petición del Gobierno de Nicaragua ha recibido la consideración más atenta y amistosa. Por supuesto que sería inapropiado para este Gobierno expresar alguna opinión sobre la fuerza y validéz de los argumentos esgrimidos por los Gobiernos de Nicaragua y de Colombia en el curso de las negociaciones diplomáticas entre ellos, especialmente no teniendo a mano toda la información necesaria para la completa consideración del asunto. De la información que hasta el momento tiene este Gobierno, sin embargo, parecería desprenderse que las disposiciones coloniales legislativas y administrativas Españolas, cuya interpretación y validéz están en duda, se refieren indiferenciadamente al Archipiélago de San Andrés, a la Costa Mosquitia y a las Islas del Maíz. De ello se desprendería que una decisión en favor de una de las partes sobre la base única del uti possidetis juris de 1810 puede esperarse sea aplicada con fuerza igual a todo el territorio en disputa.

    Bajo tales circunstancias este Gobierno no considera que podría urgir consistentemente al Gobierno de Colombia a que someta a arbitraje la cuestión de la pertenencia de una porción sólamente de este territorio con el consecuente abandono de cualesquier reclamo que Colombia pudiese tener sobre el resto.

    "Este Gobierno entiende que el Archipiélago de San Andrés ha sido ocupado por Colombia desde 1822, mientras que Nicaragua ha ejercido jurisdicción en la Costa Mosquitia desde la declaración de independencia de España y ha ocupado las Islas del Maíz aproximadamente desde 1890. El propósito del Gobierno Colombiano que reconocería la soberanía de Nicaragua sobre la Costa Mosquitia y las Islas del Maíz y la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, haría permanente una situación que existe de hecho, en lo que respecta a las porciones más importantes del territorio en disputa, prácticamente desde que ambas Repúblicas alcanzaron la independencia. Tal arreglo, además, pondría fin a toda otra cuestión en lo que respecta a la soberanía de Nicaragua sobre la costa oriental de la República y las Islas del Maíz, territorio que es obviamente de muchísimo más valor que el Archipiélago de San Andrés. Sin comprometerse por el momento a expresar opinión alguna en cuanto a los méritos intrínsecos de la controversia, el Gobierno de los Estados Unidos se inclina a considerar que un arreglo sobre las bases indicadas proporcionaría una solución equitativa al asunto. No necesito indicar que esta observación se hace con el más amistoso espíritu y
    únicamente con la esperanza de promover un arreglo amistoso sobre los términos más ventajosos para ambas partes. "Acepte (etc.) FRANK B. KELLOGG."!

    No. 19. Managua, Abril 20, 1925.-El Encargado de Negocios de los Estados Unidos de América en Managua informa haber cumplido su cometido y sobre la reacción de disgusto del Ministro.

    "Señor: Tengo el honor de referirme a la instructiva número 212 del Departamento, fechada el 21 de Marzo, 1925, referente a la controversia entre Nicaragua y Colombia con respecto a la pertenencia del Archipiélago de San Andrés, y para informar que la nota de Marzo 21, 1925, de la Secretaría de Estado que la acompañaba fue entregada al Ministro Nicaragüense de Relaciones Exteriores el 14
    de Abril, 1925.

    "El Ministro, Dr. Urtecho, se mostró grandemente molesto (disappointed) por la nota del Sr. Kellogg, e indicó su poca disposición de discutir la conveniencia de poner fin a la controversia mediante
    la aceptación de la propuesta hecho por Colombia.
    (Sic). . . .

    "Tengo (etc.) WALTER C. THURSTON." 2
    Proposición Cuarta.-A la fecha de la intervención del Gobierno Americano en el asunto "la situación de hecho" era el creciente reconocimiento que la comunidad internacional estaba haciendo de los incontestables derechos de Nicaragua, lo que en sí constituía ya una situación de derecho.

    Sería largo reproducir uno a uno los instrumentos de derecho que consistente y progresivamente fueron cimentando el derecho Nicaragüense y Centroamericano sobre sus islas adyacentes y sobre el litoral sumergido que luego se cristalizó en el derecho internacional.

    Tal como sostuvo Nicaragua en el Memorandum Explicativo al Secretario de Estados señor Hughes, aún la posesión prescriptiva que podría favorecer a Colombia por la ocupación de hecho del archipiélago de San Andrés, no puede cristalizar como factor jurídicamente válido, pues el tratado de 1825 que Colombia cita
    como uno de los principales fundamentos de sus alegados derechos le impone la obligación permanente de reconocer los límites que resultasen como finales luego de haber totalmente dirimido las discrepancias y litigios pendientes.'

    1.-Op. cit., pp. 432-434. 2.-Op. cit., p. 434.
     

    Esas discrepancias y litigios, para los efectos prácticos, no concluyeron con el tratado de 1825 entre Colombia y Centro América. Logró, sin embargo, poner en evidencia la existencia de disenciones profundas.

    En 1827, el Secretario de Estado Colombiano para las Relaciones Exteriores, se queja de que en el Acta de Ratificación del tratado de 1925, acta que fue aprobada por el Congreso Centroamericano el 12 de Septiembre de 1825, el Poder Legislativo de la Federación Centroamericana ha introducido modificaciones substanciales a los artículos quinto y décimo séptimo del tratado, poniéndolo en peligro por su diametralmente opuesta intención a las aspiraciones de Colombia sobre la cuestión de límites. Centroamérica demanda sean los límites naturales los que deben ser garantizados.2 El doce de Abril de 1830 o sea cinco años después de haber suscrito el tratado, don José Barrundia, Presidente de Guatemala, informa al Congreso Centroamericano de incidentes con Colombia por cuestiones juridiccionales, lamentando que las discrepancias por la Mosquitia no hayan sido disipadas por las negociaciones que se habían contemplado.3
    Podría decirse que en la década de 1830 a 1840 la política de los Estados Unidos hacia América Latina se torna más audaz.

    1.-Este Memorandum fue presentado y publicado por el Gobierno de Nicaragua en ambos idiomas, Español e Inglés. Contiene un sumario apreciable de los alegatos de Nicaragua, aún cuando documentos posteriormente descubiertos y nuevas reglas universales de derecho internacional permitirían mejorarlo apreciablemente a la fecha.

    2.-Texto del Acta de Rectificación del Congreso Centroamericano puede verse en British and Foreign State Papers, 1825-26, Harrison and Son, Lancaster Court, Londres, 1827, p. 1030. El Informe del Canciller Colombiano de Marzo 21 de 1827, en British and Foreign State Papers, 1826-27, Harrison and Son, Lancaster Court, Londres, 1828, p. 1139.

    3.-Mensaje del Presidente al Congreso Centroamericano. British and Foreign State Papers, James Ridgway, Picadilli, Londres, 1833. p. 943.

    Más es en la década de 1840 a 1850 cuando se cristaliza el enfrentamiento franco entre el poder de la Gran Bretaña, y el nuevo poder de los Estados Unidos de América. Al finalizar esa década, Gran Bretaña se preparaba a convertir el protectorado del "reino Mosco" en un enclave colonial definitivo.

    Es evidente que los sucesos de esos años críticos determinan acontecimientos que se producen en las décadas siguientes, hasta culminar a finales del siglo XIX y principios del XX con el completo desplazamiento de la Gran Bretaña como poder continental y su reemplazo por los Estados Unidos. Pero durante el cambio se rompe todo el orden que pudiera haberse establecido.

    La Federación Centroamericana fracasa casi a principios de la década; se incrementan las luchas armadas para afianzar la soberanía del rey Mosco; llegan a Nicaragua los primeros inversionistas Americanos en gran escala en busca del control de la ruta interoceánica; Nicaragua se ve envuelta en la cruenta lucha adicional contra los filibusteros Americanos de William Walker, que culmina en 1860 con su fusilamiento en territorio Hondureño. Durante ese lapso, en la zona disputada por Colombia y Nicaragua, y extendiéndose más allá aún hasta las propias fronteras de la actual Colombia, surge una proliferación de "soberanos", de "jurisdicciones" y hasta de "independencias", que surgen y desaparecen con la misma rapidéz con que surgen y desaparecen las fuerzas e intereses que los gestan, estimulan o sustentan en ese ensayo de alternativas que ponen en juego los dos grandes que se disputan el control de la desdichada región, la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América.

    El "estado del Istmo" fue el heraldo del Estado de Panamá; Nicaragua escapó de convertirse en dos estados totalmente distintos, idea que aún se contemplaba durante la intervención que dio por tierra con el régimen del General José Santos Zelaya, y, como una muestra más de tan variados ensayos, en la página siguiente se presenta un mapa de lo que habría sido la "ciudad libre" de Greytown, en la desembocadura del Río San Juan, zona que tanto los Estados Unidos como la Gran Bretaña deseaban controlar por ser una de las eventuales salidas al Atlántico para la vía interoceánica por Nicaragua. El mapa está basado en la Proyectada Ciudad Libre de Greytown, conforme la "constitución" que un grupo de Norteamericanos y otros extranjeros -especialmente llevados para proclamarla- publicaron en 1852. Fueron retos francos al Imperio Británico, a costas de la abatida Nicaragua, para controlar una de las posibles rutas de un canal interoceánico.

    "constitución" de la "ciudad libre", cuyo preámbulo contiene principios que no son sino la máscara que ocultaba el despojo territorial y la lucha de los intereses extranjeros.'

    Durante esos años -en los que cualesquiera que hubiese tenido la soberanía sobre la zona en disputa la habría visto, como en efecto se vió, mancillada y en plena y total disputa armada-, es Nicaragua, en ocasiones cruciales con el respaldo armado de Centro América entera, la que defiende esa soberanía, y la que logra también tratados, que le permiten reestructurar en su mayor parte el patrimonio que había heredado de la antigua Centro América.

    Hasta dónde esos tratados con Gran Bretaña, España, los Estados Unidos, Honduras y Costa Rica, han sido obra de Nicaragua o resultados de maniobras de las mismas potencias que buscaban el control de la región, es algo que necesita mayores evidencias para afirmarlo o negarlo. Sin embargo, los albores del siglo XX encuentran una Nicaragua que ha logrado expulsar de su tierra firme a Gran Bretaña; que ha reintegrado igualmente las islas Grande y Pequeña del Maíz, y que estaba en mejor pie que jamás para la final reincorporación del archipiélago de San Andrés.

    Durante ese período Colombia misma tenía apenas el tiempo y la habilidad para defenderse de los asaltos de las grandes potencias. El tratado de amistad y comercio firmado entre Colombia y los Estados Unidos el 12 de diciembre de 1846, por cuya cláusula treinta y cinco Colombia concede ciertos derechos de paso y comercio a los Estados Unidos en el Istmo de Panamá, a cambio de que la potencia Americana garantice para Colombia la soberanía en el istmo, es un ejemplo de lo afirmado.
     

    1.-La "constitución de Greytown" puede verse en British and Foreign State Papers, 1851-1852, Volumen XLI, William Ridgway, 169, Picadilly, Londres, 1864. pp. 848-853.
    2-Hunter Miller, editor. Treaties and Other International Acts of the United States of America, volumen 5, U.S. Government Printing Office, Washington, 1937. pp. 146-154.

    En la historia de las negociaciones conducentes a la firma de ese tratado2 se hace aparecer la garantía de soberanía de Colombia sobre el Istmo de Panamá como condición buscada expresamente por el Gobierno de Colombia para asegurarse "... aún cuando fuese solo (el territorio) necesario para la construcción de un canal o ferrocarril..."' Tal es la interpretación que naturalmente se desprende del protocolo firmado el 9 de Diciembre de 1846 entre el señor Benjamín A. Bidlack, Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Colombia, y don Manuel M. Mallarino, Ministro Colombiano de Relaciones Exteriores, y más particularmente del informe o exposición de motivos, documento "secreto y confidencial" suscrito por el Ministro Mallarino, en el que, para todo fin de orden práctico y claridad de lenguaje, se urge e invita a los Estados Unidos a intervenir en la zona para contrarrestar y hechar por tierra los planes de dominio de la Gran Bretaña.

    Es importante notar que en el mismo informe secreto y confidencial del Ministro Mallarino, la extensión del territorio sobre el que Colombia solicita le sea garantizada la soberanía por los Estados Unidos "... se refiere únicamente a las provincias del Istmo, desde su extremidad más meridional hasta la frontera de Costa Rica ..
    La carta de remisión del señor Bidlack -en su postscriptoaclara mucho más esta disposición y expresa determinación de parte de Colombia:

    "P. S. Verá por la "Exposición de Motivos" que la garantía de posesión y neutralidad en el Istmo es entendida por el Señor Mallarino como limitada a "posesión legítima" y sólamente hasta Costa
    Rica lo que no incluye la "Costa Mosquitia."

    "He sabido de una fuente confiable que el Gobierno está negociando un "Tratado de Límites" con "Centro América" por el que cederá al Gobierno de esta última todos los reclamos territoriales al norte de la frontera meridional de Costa Rica."3
     

    i.-Op. cit., p. 149, informe del señor Bidlack. 2.-Op. cit., p. 152.
    3.-Op. cit., p. 154, referencia al despacho No. 34 del 14 de Diciembre de 1846.

    Como se ha visto en esta breve reseña documentada de casi un siglo de historia regional, la intervención de los Estados Unidos de América en la cuestión con Colombia no favoreció la "situación de hecho", que era la progresiva reivindicación del original patrimonio de Nicaragua, sino que creó una nueva situación de hecho, la de detener el rumbo histórico de Nicaragua y el reconocimiento de la comunidad internacional.

    Proposición Quinta.-Uno de los factores que influyeron en el cambio de curso histórico a que hemos aludido fue la actitud personal del Presidente de Nicaragua don Adolfo Díaz hacia el Gobierno de los Estados Unidos de América.

    El 28 de julio de 1927, el Ministro Eberhardt de los Estados Unidos en Nicaragua informa al Departamento de Estado que el Ministro Colombiano ha regresado a Managua manifestando que espera replantear el asunto de la disputa ante el Gobierno de Nicaragua. En el resto del informe el Ministro Eberhardt dice:

    "He discutido el asunto con Díaz quien me informa que él favorece el arreglo propuesto por Colombia tal como está expresado en la instructiva 212 del Departamento de Estado dirigida al Secretario Thurston con fecha Marzo 25 (21), 1925, y que si el Departamento así lo desea dará instrucciones al Ministro de Relaciones Exteriores de iniciar negociaciones preliminares con el Ministro Colombiano tendientes a tal arreglo..."

    Los siguientes mensajes de la Legación de los Estados Unidos en Managua dibujan con más claridad la actitud personal del Presidente Díaz. Debe recordarse que la instructiva de marzo de 1925, que se cita en el despacho anterior, es la misma que indignó al Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua cuando le fue presentada por el diplomático Americano. No. 464. Agosto 31 de 1927:

    "Señor: No teniendo instrucciones o comentarios del Departamento para tomarlos como referencia. . . tengo el honor de indicar al Departamento que, a pesar de ello, he discutido informalmente todo el asunto con el Presidente Díaz y he hecho saber veladamente que no veo razón alguna para que las negociaciones preliminares con el Ministro Colombiano no se produzcan. Se me informa que ya se hizo lo sugerido... Tanto el Presidente Díaz como esta Legación agradecerían si el Departamento indicara si un arreglo conforme los lineamientos propuestos por el Departamento en su instructivo No. 212 de Marzo 25 (21), 1925, parece todavía aconsejable, o qué temas y puntos adicionales, si es que hay alguno, deben traerse a colación en negociaciones que tiendan a arreglar este viejo asunto. .."

    Septiembre 13, 1927:
    .. Presidente Díaz informó al Ministro ayer que espera Ministro Colombiano le plantee la cuestión del Archipiélago de San Andrés en futuro cercano y que, por consiguiente, está ansioso de saber si el Departamento tiene cualquier punto de vista que expresar.. ."4

    Washington, Septiembre 14, 1927:
    "141. Al suyo... de 13 de Septiembre ... El Departamento está dando seria consideración a este asunto y se le enviarán instrucciones en el futuro cercano. KELLOGG".3

    Octubre 4, 1927:
    "260... El Presidente me ha abordado hoy para inquirir cuándo el Departamento estará listo para expresar opinión en lo que respecta al asunto del Archipiélago de San Andrés. .."4

    Washington, Octubre 6, 1927:
    "151. Al suyo... de Octubre 4... Ha sido necesario consultar otro Departamento en relación con este asunto y sus instrucciones han sido retardadas pendientes del recibo de una respuesta. Se espera sea posible enviarle instrucciones antes de mucho. KELLOGG.

    1.-Op. Cit., p. 329. Nótese que no bastando con aceptar lo indicado en la instructiva citada del Departamento de Estado Americano, por medio del funcionario diplomático de ese Gobierno solicita el Presidente Díaz
    se le indique si agrega más.
    2.-Op. cit., p. 329. 3.-Op. cit., p. 330. 4.-Op. cit., p. 330. 5.-Op. cit., p. 330.

    Octubre 8, 1927:
    "270... El Ministro Colombiano ha propuesto un arreglo dejando el Archipiélago de San Andrés a Colombia y las Islas del Maíz y la Costa Mosquitia a Nicaragua. El Gobierno de Nicaragua aparentemente considera con algún favor esa propuesta pero no desea hacer nada sin antes oír al Departamento. La dilación es perjudicial para las oportunidades de un arreglo, porque la discusión prolongada del asunto en los periódicos y por la comisión asesora bipartita, que el Gobierno ha establecido, sólo puede producir daños.

    "El Ministro de Relaciones Exteriores me ha expresado hoy que ha sido informado privadamente por un Nicaragüense en Bogotá que el Gobierno de Colombia está dispuesto a pagar una indemnización de $500.000 por el abandono de los reclamos de Nicaragua al Archipiélago de San Andrés si un Ministro Nicaragüense fuese enviado a Bogotá a discutir el asunto. Estoy procediendo a borrar esa idea. .."

    Noviembre 11, 1927:
    "327. El Ministro de Relaciones Exteriores ha vuelto a inquirir cuándo el Departamento estará listo para expresar opinión sobre la cuestión del Archipiélago de San Andrés... '12
    Washington, Noviembre 11, 1927:

    "190... Al suyo 327 de Noviembre 11... El Departamento espera poder darle una respuesta la próxima semana. KELLOGG.

    Proposición Sexta.-El tratado de 1928 constituía un instrumento repulsivo a elementos del Gobierno del Presidente Díaz, a elementos del Partido Liberal de Oposición y en general a la opinión pública de Nicaragua.
    El Presidente Adolfo Díaz había sugerido que se esperara el regreso del Canciller Nicaragüense, doctor Cuadra Pasos, de La Habana, donde se encontraba en una Conferencia de los Cancilleres de América. Hubo quienes, sin embargo, se esforzaron por evitar que el doctor Cuadra Pasos se viese envuelto en esa maniobra:
    1.-Op. cit., pp. 330-331. 2.-Op. cit., p. 331. 3.-Op. cit., p. 331.
     

    No. 634, de Managua, Marzo 27, 1928:
    "Señor: Con referencia a mi telegrama No. 153 de hoy, tengo el honor de transmitir una copia y traducción del tratado firmado el 24 de marzo entre los Gobiernos de Nicaragua y Colombia. Este tratado fue aprobado por el Presidente Díaz esta mañana.

    "Notará el Departamento que el tratado no fue firmado por el Ministro Nicaragüense de Relaciones Exteriores, sino por el Subsecretario. Se hizo un esfuerzo para negociarlo antes del regreso del doctor Cuadra Pasos de La Habana para que él pudiese evitar responsabilidades por el abandono de los reclamos de Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés, en el caso de que sus enemigos políticos desearen hacer uso del tratado con fines partidistas. Como fue imposible completar las negociaciones antes del regreso del Doctor Cuadra Pasos, se creyó aparentemente que evitaría los ataques si él no firmaba personalmente, aunque por supuesto es él responsable enteramente por el arreglo efectuado.

    "El Gobierno de Nicaragua ha deseado que la firma de este tratado se mantenga en absoluto secreto, porque teme que los Liberales lo usen como arma política si su contenido se divulgase antes de las elecciones presidenciales... EBERHARDT."
    Desgraciadamente no hemos podido encontrar documentación específica que indique quién o quiénes hicieron esfuerzos para que el tratado se negociara antes de que el doctor Carlos Cuadra Pasos regresara a Managua. Como debe ser del conocimiento del lector, el año citado es de plena intervención de los Estados Unidos en la política y Gobierno de Nicaragua, pues hasta sus tropas estaban comprometidos en la lucha para debelar la rebelión en contra del Gobierno del Presidente Díaz.
     

    1.-Departamento de Estado. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1928, Volumen I, U.S. Government Printing Office, Washington, 1942. pp. 702-703.

    En ese entonces, con el pretexto de salvaguardar los intereses y las vidas Norteamericanas, a petición del Presidente Díaz, el Gobierno de los Estados Unidos creó una serie de lugares "neutrales". Por extraña coincidencia, los lugares que iban siendo declarados neutrales eran los que ocupaban las fuerzas revolucionarias Nicaragüenses en el Atlántico; de ese modo fueron neutralizados Bluefields, Puerto Cabezas, Laguna de Perlas, etc. Para un conocedor de la inhóspita Costa Atlántica de ese tiempo, la ocupación Americana de tales puntos de la costa significaba presentar ante las fuerzas revolucionarias la alternativa de atacar a las fuerzas Americanas o exponerse a los rigores de las deshabitadas y pantanosas selvas del litoral. Las fuerzas revolucionarias prefirieron lo anterior y luego de encender también en rebelión otras zonas del país, avanzaron triunfantes hasta ser detenidas cerca de Managua.

    En Tipitapa se firmaron los pactos entre el General José María Moncada y el representante de los Estados Unidos, señor Stimson. De ahí resultaron las elecciones supervisadas de que anteriormente hemos hablado, la rebeldía continuada de Sandino y otros capítulos de nuestra historia que no corresponden a los aspectos del problema con Colombia en la fase que comentamos. Es por consiguiente una gran contrariedad que el mensaje que hemos citado no contenga más datos sobre quién o quiénes desearon que el doctor Cuadra Pasos no se viera envuelto en el asunto, por cuanto, dadas las íntimas conexiones entre las fuerzas de ocupación Norteamericanas y el régimen del Presidente Díaz y lo que representaba, no sería extraordinario que fuesen intereses Norteamericanos los que procuraban guardar la carta política del doctor Cuadra Pasos limpia de los nubarrones del tratado en referencia. Sin embargo, -para volver a situarnos en la corriente de los hechos-, el "secreto" no duró mucho tiempo:

    Septiembre 14, 1928:
    "342... Los liberales han sabido de la firma del tratado con Colombia y han comenzado a atacar a la Administración por su acción. El Presidente, en consecuencia, desea que se haga de inme
    diato una declaración pública sobre el tratado. Le complacería mucho que el Departamento informara a la prensa en Washington que esta disputa fronteriza ha sido arreglada mediante los buenos oficios de los Estados Unidos y como resultado de las sugerencias hechas por el Departamento al Gobierno de Nicaragua. Parece apenas justo complacer su petición porque con ello se le salvará, hasta cierto punto,de los amargos ataques politicos a que será sometido por haber accedido a la sugerencia del Departamento de que la propuesta de Colombia fuese aceptada. Más aún, es probable que el tratado jamás sea ratificado por Nicaragua si se permite que se convierta ahora en un tema de partido...",
    Es patética, increíble, aplastante, toda la historia que se revela en las pocas líneas de este mensaje. Hay que 'salvar" al Presidente Díaz... es apenas justo que se le salve... fue él quien accedió a la "sugerencia" del Departamento de Estado... para aceptar un tratado... que quizás jamás sería ratificado "SI SE PERMITE" a los partidos políticos de Nicaragua discutirlo! ... ¡Increíble!... Pero falta más aún para terminar de retratar el acto soberano por medio del cual el Gobierno de Nicaragua suscribió el tratado de 1928...
    Washington, Septiembre 15, 1928:
    "180. Al suyo 342 de Septiembre 14... ¿Ha sido publicado tratado en Managua? Si así fuere, la publicación de la declaración del Departamento sería grandemente facilitada. Sería difícil para el Departamento hacer una declaración sobre esta materia a la prensa sin dar los términos generales del tratado. KELLOGG." 2
    La reacción de Managua ante esta nueva sugerencia del Departamento de Estado no se hace esperar, pues si se necesita la publicación para que el Departamento de Estado pueda hacer su aclaración o su declaración, hay que hacerla:
    Septiembre 19, 1928:
    "347... El Presidente Díaz publicará el tratado Colombiano el 22 de Septiembre y agradecerá mucho si el Departamento puede hacer simultáneamente una declaración pública sobre las negociaciones que condujeron a su firma. .."3
    1.-Op. cit., p. 704.
    2.-Op. cit., p. 704. Rara expresión que se explica sólo por las apariencias,
    pues el Departamento de Estado era conocedor pleno del texto del tra
    tado. En Washington fue estudiado antes que en Managua. 3.-Op. cit., p. 705.

    La declaración del Departamento de Estado, formulada en Washington el 19 de Septiembre de 1928, dice:
    "El Departamento de Estado fue consultado por ambas partes en el tratado y expresó a ambas la opinión de que el tratado propuesto parecía ofrecer una solución muy satisfactoria y equitativa de la controversia y que por tanto el Departamento esperaba que el tratado recibiria la aprobación de los Gobiernos respectivos."1
    Proposición Séptima.-Colombia no desconoció nunca sino que estimuló y aprovechó la disposición del Gobierno de los Estados Unidos para interponer -y del de Nicaragua para recibir con agrado- "los buenos oficios' Americanos para el pronto arreglo del litigio.

    Febrero 4, 1928:

    A pedido del Ministro Colombiano ayer visité con él al Presidente y le repetí lo que ya le había dicho acerca de que el Departamento miraba favorablemente un arreglo conforme lo que Colombia había propuesto. ..72
    La Administración del General José María Moncada estaba "tomándose su tiempo" en la cuestión del tratado:
    No. 564. Bogotá, Septiembre 10, 1929:
    "Señor: Tengo el honor de expresar que el Ministro de Relaciones Exteriores (de Colombia) ha traído informalmente a mi atención la situación en lo que respecta a su tratado con Nicaragua; ha sido aprobado por el Congreso Colombiano pero ninguna acción ha sido tomada por Nicaragua: el Ministro agradecería mucho los buenos oficios de nuestra parte tendientes a la ratificación del tratado por el Congreso de Managua en las próximas sesiones de Diciembre... JEFFERSON CAFFERY."-1

    No. 1161. Managua, Septiembre 21, 1929:
    "Señor: ... recientemente recibí una carta del Ministro Colombiano en Nicaragua, Sr. Manuel Esguerra... El Sr. Esguerra expresa en su carta que el Dr. Cordero Reyes, Ministro Nicaragüense de Relaciones Exteriores, le ha dicho en repetidas ocasiones que el Gobierno Nicaragüense nombraría una comisión... que habría de estudiar el asunto y preparar un informe para conocimiento del Congreso y del público. El Sr. Esguerra solicita que esta Legación haga uso de sus buenos oficios para hacer posible el nombramiento sin dilación de tal comisión...

    "Jamás he discutido sobre este asunto con el Presidente Moncada pero lo he tratado incidentalmente en una o dos ocasiones con el Dr. Cordero Reyes, y me he formado opinión de que la Administración continúa opuesta al tratado... MATHEW E. HANNA."1

    Proposición Octava.-La interposición de "buenos oficios" por parte del Gobierno de los Estados Unidos, tomó en algunos casos características de manifiesta coacción, debido a intereses especiales que tenía el Gobierno de los Estados Unidos de lograr metas específicas de dominio territorial y ventajas estratégicas.

    Washington, Febrero 2, 1929:
    "23. A su telegrama No. 33, Enero 30... Es algo que el Departamento lamenta que el Presidente Moncada se oponga personalmente al tratado entre Colombia y Nicaragua y que haya fuerte oposición al tratado en el Congreso Nicaragüense y en el país en general. Para el Departamento es difícil entender la razón de tal oposición, dado que Nicaragua, al renunciar a su reclamo sobre el Archipiélago de San Andrés (que nunca Nicaragua ocupó) sin compensación monetaria, obtiene en cambio, en igual forma sin compensación monetaria, la renuncia de los reclamos de Colombia sobre la Costa Mosquitia y las Islas Grande y Pequeña del Maíz.

    "El Gobierno de los Estados Unidos tiene más que un interés académico en este arreglo, dado que involucra las Islas Grande y Pequeña del Maíz, arrendadas a los Estados Unidos por Nicaragua en la convención de 1914, y sería para los Estados Unidos objeto de mucha preocupación el que fallara el tratado entre Colombia Y Nicaragua.
    1.-Op. cit., pp. 935-936.

    "Por favor, discuta nuevamente este asunto con el Presidente y solicítele urgir la aprobación del tratado durante la actual sesión del Congreso Nicaragüense. Puede expresar que el Departamento está seguro que ni Nicaragua ni Colombia podrían haber esperado un tratado más ventajoso, y que términos más favorables no pueden ser esperados en el futuro si el presente tratado no es aprobado. KELLOGG."1

    El mensaje arriba trascrito posee todas las características de un ultimatum, pero posee otras cualidades: es revelador de que el Gobierno de los Estados Unidos conoce de la total oposición en todos lcas sectores de la nación Nicaragüense al tratado; sin embargo, presiona su aprobación para asegurarse las islas del Maíz, como posiciones estratégicas para el canal de Panamá o de un eventual canal por Nicaragua. El siguiente documento reafirma los conceptos del anterior, pero agrega nuevas razones para que los Estados Unidos de América recurran a un expediente coactivo inaceptable en el Derecho Internacional:
    No. 573. Washington, Octubre 7, 1929:
    "No. 573, Washington, Octubre 7, 1929.
    "Señor: Se hace referencia al despacho de la Legación, No. 1161, de Septiembre 21, 1929, en el que se informa haber recibido una carta del Ministro Colombiano en Nicaragua en la que solicita los buenos oficios de la Legación Americana para que se produzca el nombramiento de una comisión para estudiar el Tratado del 24 de Marzo de 1928, entre Colombia y Nicaragua con el fin de facilitar su ratificación por parte de Nicaragua.
    "Como fue expresado en el telegrama del Departamento No. 23, de Febrero 2... este gobierno está interesado en el arreglo del litigio territorial entre Nicaragua y Colombia por medio del Tratado en cuestión por cuanto involucra las Islas Grandes y Pequeña del Maíz, arrendadas al Gobierno de los Estados Unidos por el Gobierno de Nicaragua conforme lo estipula el Artículo 2 de la Convención de la Ruta Canalera Nicaragüense de Agosto 5, 1914... Parecería, pues, apropiado el reconocimiento de soberanía recíproco e incondicional sobre esos territorios, y no puede esperarse que Nicaragua pueda negociar u obtener en otra forma un mejor arreglo u otro que significara el pago de alguna cantidad por parte de Colombia.
    1.-Op. cit., p. 934.

    "En tales circunstancias el Departamento no tiene objeción a que usted satisfaga la petición del Ministro Colombiano en la medida que, bajo su discreción, tal acción sea aconsejable. En cualesquiera conversación que usted pudiese tener sobre este asunto sería deseable que evite discutir los arreglos contractuales que afectan las Islas del Maíz de los que este Gobierno es parte, aunque usted, por supuesto, debe aclarar que el Gobierno de los Estados Unidos no tiene motivos ulteriores para su interés en la ratificación del Tratado ni deseo alguno de adquirir posesión de ninguna de las Islas del Archipiélago de San Andrés a las que el tratado se aplica ..."1

    La última expresión en el documento arriba citado excluye de la afirmación a los islotes, cayos o bancos de Roncador, Quitasueño y Serrana, sobre los que, en el tiempo de la comunicación citada, los Estados Unidos sostenían sus pretensiones de soberanía.

    Lo anterior explica por qué sugirió Nicaragua que en el tratado propuesto por Colombia se agregara el párrafo que dice:

    "No se consideran incluidos en este tratado los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, el dominio de los cuales está en litigio entre Colombia y los Estados Unidos."

    Con ese párrafo se consagraba en un tratado suscrito por Colombia, lo que ya le había sido comunicado en Washington al Ministro Colombiano:
    ..sería bueno dejar definitivamente sentado que esas Islas (Roncador, Quitasueño y Serrana) no son parte del Archipiélago de San Andrés. .. "
     

    l.-Op. cit., pp. 936-937.
    Vistas las explicaciones dadas, tanto en el primer capítulo como en el que finalizamos, podemos copiar textualmente el tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua, en la seguridad de que
    podemos explicarnos su verdadero valor como acto soberano de un Estado y los alcances de sus estipulaciones:
    "José María Moncada, Presidente de la República de Nicaragua, a los que las presentes vieren, hace saber:
    "Que el día veinticuatro de Marzo de mil novecientos veintiocho se concluyó y firmó en esta capital un Tratado para poner término a la cuestión pendiente entre Colombia y Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y la Mosquitia Nicaragüense, cuyo texto es el siguiente:
    "La REPUBLICA DE COLOMBIA y la REPUBLICA DE NICARAGUA, deseosas de poner término al litigio territorial entre ellas pendiente y de estrechar los vínculos de tradicional amistad que las unen, han resuelto celebrar el presente tratado, y al efecto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
    Su Excelencia, el Presidente de la República de Colombia, al Doctor Don Manuel Esguerra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Nicaragua, y "Su Excelencia, el Presidente de la República de Nicaragua, al Doctor Don José Bárcenas Meneses, Sub-Ssecretario de Relaciones Exteriores,
    "Quienes después de canjearse sus plenos poderes, que hallaron en debida forma, han convenido en las siguientes estipulaciones:
    "ARTICULO I-La República de Colombia reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos comprendida entre el Cabo de Gracias a Dios y el Río San Juan, y sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico en el Océano Atlántico (Great Corn Island y Little Corn Island); y la República de Nicaragua reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés.
    "No se consideran incluidos en este Tratado los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, el dominio de los cuales está en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de América.
    "ARTICULO II-El presente Tratado será sometido para su validéz a los Congresos de ambos Estados, y una vez aprobados por éstos, el canje de ratificaciones se verificará en Managua o Bogotá, dentro del menor término posible. En fe de lo cual, nosotros los respectivos Plenipotenciarios, firmamos y sellamos.

    "Hecho en duplicado en Managua, a veinticuatro de Marzo de mil novecientos veintiocho. Sello (f) MANUEL ESGUERRA. Sello (f) J. BARCENAS MENESES.
    "Que el Presidente de la República dictó el acuerdo de veintisiete de Marzo de mil novecientos veintiocho, por el cual aprobó dicho Tratado y ordenó someterlo al conocimiento del Congreso Nacional, para los fines de ley.
    "Que el Senado y Cámara de Diputados de la República aprobaron el Tratado por resolución del tres de abril del corriente año, cuyo texto es como sigue:
    "EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, DECRETAN:
    "UNICO-Ratifícase el Tratado celebrado entre Nicaragua y la República de Colombia el 24 de Marzo de 1928, que aprobó el Poder Ejecutivo el 27 del mismo mes y año; Tratado que pone término a la cuestión pendiente entre ambas Repúblicas sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y la Mosquitia Nicaragüense; en la inteligencia de que el Archipiélago de San Andrés que se menciona en la Cláusula Primera del Tratado no se extiende al Occidente del meridiano 82 de Greenwich, de la carta publicada en octubre de 1885 por la Oficina Hidrográfica de Washington, bajo la autoridad del Secretario de la Marina de los Estados Unidos de la América del Norte.
    "El presente decreto deberá incluirse en el Instrumento de Ratificación.
    "Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara del Senado - Managua, 6 de Marzo de 1930. - V. M. ROMAN - S. P. - VICENTE F. ALTAMARINO - S. S. - J. CAJINA MORA - S. S.
    "Poder Ejecutivo y Cámara de Diputados - Managua, 3 de abril de 1930 - C. A. GONZALEZ - D. P. - HERNAN GONGORA - D. S. - J. AGUSTIN BAEZ - D. S.
    "Que la dicha resolución fue sancionada por el Poder Ejecutivo el día cinco de abril de este mismo año,
    `POR TANTO: Por las presentes y de conformidad con la precitada resolución del Congreso Nacional, ratifico y confirmo la aprobación de la República de Nicaragua, a todos y cada uno de los artículo de que consta el Tratado arriba transcrito.
    "En testimonio de lo cual, expido la presente, firmada por Mí, sellada con el Gran Sello de la Nación y refrendada por el Secretariode Relaciones Exteriores, en Managua, en el Palacio del Ejecutivo a los seis días del mes de mayo de 1930. - J. M. MONCADA - El Ministro de Relaciones Exteriores, J. IRLAS."

    "ACTA DE CANJE
    "Habiéndose reunido en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicaragua, el Excelentísimo señor doctor don Julián Irías, Ministro de Relaciones Exteriores, y el Excelentísimo señor doctor don Manuel Esguerra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia en Nicaragua, con el objeto de proceder al canje de ratificaciones de sus respectivos Gobiernos, relativas al Tratado celebrado entre Colombia y Nicaragua, el día veinticuatro de marzo de mil novecientos veintiocho, para poner término a la cuestión pendiente entre ambas Repúblicas, sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y las Mosquitia nicaragüense; en vista de que los Plenos Poderes conferidos al efecto están en buena y debida forma, y habiendo encontrado dichas ratificaciones en un todo conforme, efectuaron el canje correspondiente.
    "Los infrascritos, en vista de la Plenipotencia que se les ha conferido, y con instrucciones de sus respectivos Gobiernos, declaran: que el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que se menciona en la Cláusula Primera del Tratado referido, no se extiende al Occidente del Meridiano 82 de Greenwich.
    "En fe de lo cual, los infrascritos firman la presente por duplicado, sellándolos con sus respectivos sellos.
    "Hecha en Managua, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos treinta. - (Sello) J. Irías - (Sello) MANUEL ESGUERRA."I
    Finalmente, cabe responder a una última pregunta que se enfocaría sobre una aparente contradicción en lo que hemos expuesto, y que resulta del propio texto del tratado. Si no se aplica, y en verdad excluyen del tratado porque no son parte del archipiélago de San Andrés, o del de San Andrés y Providencia, -como quieran llamarle los exégetas del tratado-, cómo se explica, entonces, que el final de la cláusula primera del Artículo I se redactó para incluir en la soberanía Colombiana, "...todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés"? ¿Cuáles son esas demás islas, islotes y cayos?
    1.-LA GACETA, Diario Oficial. Año XXXIV. Managua, D. N., Miércoles 2 de Julio de 1930. Número 144

    La más adecuada respuesta tienen que darla los que conocieron la propuesta Colombiana y pudieron estudiarla en detalle. Infortunadamente no han llegado a nuestro alcance las notas explicativas del Secretario de Estado Kellogg y del Secretario de Estado Asistente señor Francis White, quienes parecieran ser los funcionarios que más profundamente estudiaron el proyecto de tratado de Colombia con los Ministros Colombianos en Washington. El señor White había recibido propuestas sobre el caso de Nicaragua desde cuando discutía con el Ministro Colombiano los problemas fronterizos de ese país con Panamá, Perú y Brasil.'
    La contradicción es tan sólo aparente cuando se estudian los mapas de la región. Es bien sabido que alrededor de las Islas de Santa Catalina y Vieja Providencia están los cayos Cangrejo, Hermanas y Casabaja, y que en la zona inmediata a la isla de San Andrés, formando con dicha isla lo que con seguridad es el verdadero archipiélago del mismo nombre, están los cayos Este Sudeste, Albuquerque, Rocoso, Córdoba, Rosa, Sucre, Pescador y Blowing Rocks. Más detalles proporcionan los mapas elaborados por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", 1963, a los que con tanto encomio se refiere, (p. 97), James J. Parson en su publicación "San Andrés y Providencia", difundida ampliamente por el Banco de la República, Bogotá, Colombia, en 1964.

    El presente capítulo, con documentación que tiene origen en eT Departamento de Estado de los Estados Unidos, revela sin duda alguna que el tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928 es un instrumento que no representa la voluntad de un Estado soberano, en lo que respecta a Nicaragua. El contenido de los documentos citados puede ser suficiente para que cualquier tribunal internacional y con arreglo a reglas de Derecho pueda aceptar la responsabilidad de un fallo favorable a Nicaragua.

    La esencia, sin embargo, de las relaciones internacionales no está en la correspondencia entre los hechos y las normas de
    1.-Véanse los dos primeros párrafos del Memorandum del señor Secretario de Estado Asistente, White, sobre la visita del Ministro Colombiano a sus oficinas, Agosto 1 de 1927, en Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1927, volumen I, citado, pp. 323-324.

    derecho. No se oculta a ningún Estadista que el medio ambiente internacional necesario para que un débil que tiene la razón la obtenga sin prejuicio y sin perjuicio, tiene que ser uno en el que los altos valores de la justicia sean los que primen por sobre los del interés y del poder.

    José María Moncada, Presidente de la República de Nicaragua, a los que las presentes vieren, hace saber:

    Que el día veinticuatro de Marzo de mil novecientos veintiocho se concluyó y firmó en esta capital un Tratado para poner término a la cuestión pendiente entre Colombia y Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y la Mosquitia Nicaragüense, cuyo texto es el siguiente:

    La REPUBLICA DE COLOMBIA y la REPUBLICA DE NICARAGUA, deseosas de poner término al litigio territorial entre ellas pendiente y de estrechar los vínculos de tradicional amistad que las unen, han resuelto celebrar el presente tratado, y al efecto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:

    Su Excelencia, el Presidente de la República de Colombia, al Doctor Don Manuel Esguerra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Nicaragua, y Su Excelencia, el Presidente de la República de Nicaragua, al Doctor Don José Bárcenas Meneses, Sub-Secretario de Relaciones Exteriores,

    Quienes después de canjearse sus plenos poderes, que hallaron en debida forma, han convenido en las siguientes estipulaciones:

    ARTICULO 1-La República de Colombia reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos comprendida entre el Cabo de Gracias a Dios y el Río San Juan, y sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico en el Océano Atlántico (Great Corn Island y Little Corn Island); y la República de Nicaragua reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés.

    No se consideran incluidos en este Tratado los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, el dominio de los cuales está en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de América.

    ARTICULO II-El presente Tratado será sometido para su validéz a los Congresos de ambos Estados, y una vez aprobados por éstos, el canje de ratificaciones se verificará en Managua o Bogotá, dentro del menor término posible. En fe de lo cual, nosotros los respectivos Plenipotenciarios, firmamos y sellamos.

    "Hecho en duplicado en Managua, a veinticuatro de Marzo de mil novecientos veintiocho. Sello (f) MANUEL ESGUERRA. Sello (f) J. BARCENAS MENESES.

    Que el Presidente de la República dictó el acuerdo de veintisiete de Marzo de mil novecientos veintiocho, por el cual aprobó dicho Tratado y ordenó someterlo al conocimiento del Congreso Nacional, para los fines de ley.

    Que el Senado y Cámara de Diputados de la República aprobaron el Tratado por resolución del tres de abril del corriente año, cuyo texto es como sigue:

    EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, DECRETAN:

    UNICO-Ratifícase el Tratado celebrado entre Nicaragua y la República de Colombia el 24 de Marzo de 1928, que aprobó el Poder Ejecutivo el 27 del mismo mes y año; Tratado que pone término a la cuestión pendiente entre ambas Repúblicas sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y la Mosquitia Nicaragüense; en la inteligencia de que el Archipiélago de San Andrés que se menciona en la Cláusula Primera del Tratado no se extiende al Occidente del meridiano 82 de Greenwich, de la carta publicada en octubre de 1885 por la Oficina Hidrográfica de Washington, bajo la autoridad del Secretario de la Marina de los Estados Unidos de la América del Norte.

    El presente decreto deberá incluirse en el Instrumento de Ratificación

    Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara del Senado - Managua, 6 de Marzo de 1930. - V. M. ROMAN - S. P. - VICENTE F. ALTAMARINO - S. S. - J. CAJINA MORA - S. S.

    Poder Ejecutivo y Cámara de Diputados - Managua, 3 de abril de 1930 - C. A. GONZALEZ - D. P. - HERNAN GONGORA - D. S. - J. AGUSTIN BAEZ - D. S.

    Que la dicha resolución fue sancionada por el Poder Ejecutivo el día cinco de abril de este mismo año.

    POR TANTO: Por las presentes y de conformidad con la precitada resolución del Congreso Nacional, ratifico y confirmo la aprobación de la República de Nicaragua, a todos y cada uno de los artículo de que consta el Tratado arriba transcrito.

    En testimonio de lo cual, expido la presente, firmada por Mi, sellada con el Gran Sello de la Nación y refrendada por el Secretario de Relaciones Exteriores, en Managua, en el Palacio del Ejecutivo a los seis días del mes de mayo de 1930. - J. M. MONCADA - El Ministro de Relaciones Exteriores, J. IRLAS."

    ACTA DE CANJE

    Habiéndose reunido en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicaragua, el Excelentísimo señor doctor don Julián Irías, Ministro de Relaciones Exteriores, y el Excelentísimo señor doctor don Manuel Esguerra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia en Nicaragua, con el objeto de proceder al canje de ratificaciones de sus respectivos Gobiernos, relativas al Tratado celebrado entre Colombia y Nicaragua, el día veinticuatro de marzo de mil novecientos veintiocho, para poner término a la cuestión pendiente entre ambas Repúblicas, sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y las Mosquítia nicaragüense; en vista de que los Plenos Poderes conferidos al efecto están en buena y debida forma, y habiendo encontrado dichas ratificaciones en un todo conforme, efectuaron el canje correspondiente.

    Los infrascritos, en vista de la Plenipotencia que se les ha conferido, y con instrucciones de sus respectivos Gobiernos, declaran: que el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que se menciona en la Cláusula Primera del Tratado referido, no se extiende al Occidente del Meridiano 82 de Greenwich.

    En fe de lo cual, los infrascritos firman la presente por duplicado, sellándolos con sus respectivos sellos.

    Hecha en Managua, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos treinta. - (Sello) J. Irías - (Sello) MANUEL ESGUERRA.

    Finalmente, cabe responder a una última pregunta que se enfocaría sobre una aparente contradicción en lo que hemos expuesto, y que resulta del propio texto del tratado. Si no se aplica, y en verdad excluyen del tratado porque no son parte del archipiélago de San Andrés, o del de San Andrés y Providencia, -como quieran llamarle los exégetas del tratado-, cómo se explica, entonces, que el final de la cláusula primera del Artículo I se redactó para incluir en la soberanía Colombiana, "...todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago

    1.-LA GACETA, Diario Oficial. Año XXXIV. Managua, D. N., Miércoles 2 de Julio de 1930. Número 144
     

    Primer capítulo: De los Sistemas Hegemónicos, José M. Zelaya U. estudio de Caso Tratado Bárcenas -Esguerra, Ejemplo del Sistema Hegemónico en el Caribe. Enero de 1974.

    Continúa aquí la historia
     



    Hé aqui una opinion colombiana:


    Pleitos con Colombia: Las estrategias de Nicaragua

    (Tomado de El Tiempo) - Por ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN

    Nuestra invulnerabilidad nace del clásico principio de pacta sun servanda, es decir, que los pactos son para cumplirlos. El Tratado Esguerra-Bárcenas no es susceptible de ningún género de revisión.

    Para el lector desprevenido llama la atención el contraste entre el interés que ha despertado en la prensa la demanda de Nicaragua contra Colombia y la relativa indiferencia con que, periódicamente, se tienen noticias de nuestro diferendo con Venezuela. Este último pasa casi inadvertido, mientras que el pleito con Nicaragua les brinda la oportunidad a presuntos internacionalistas de echar su cuarto a espadas.

    Ambas controversias revisten una gran importancia para nuestra patria, pero, mientras la demanda de Nicaragua carece de asidero legal y, casi, diría yo, de verosimilitud, aun entre las propias autoridades consultadas por Nicaragua, el caso de la negociación con Venezuela es de mucho más difícil manejo, por la aspiración venezolana de desalojarnos del Golfo del mismo nombre, no obstante nuestra condición de país costanero.

    En alguna ocasión se alegó, por parte del doctor Charry Samper, la falta de jurisdicción de la Corte para abocar el asunto de la validez del Tratado Esguerra-Bárcenas. Pero, aun cuando Colombia, en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá, podría excepcionar la competencia de la Corte, para fallar sobre un tratado público con más de setenta años de vigencia, a título personal pienso que, no teniendo nada que temer, bien podemos atenernos a la decisión de la Corte de Justicia de La Haya y así, si la Corte opta por declararse competente para fallar el diferendo entre Colombia y Nicaragua, en los términos en que lo plantea esta última, salta a la vista la incongruencia de su demanda.

    No se puede pedir que se declare nicaragüense el Archipiélago de San Andrés y Providencia y que, simultáneamente, se proceda a la delimitación marítima, cuyo origen es el hecho incontestable de ser el Archipiélago parte integrante de Colombia. Si así no fuere, no habría nada que definir, dada la enorme distancia entre Nicaragua y la Colombia continental. Lo primero que tendría que hacer la Corte sería poner en blanco y negro, en Derecho, el argumento de que por haberse firmado el Tratado bajo la ocupación norteamericana de Nicaragua, en 1928, dicho instrumento es nulo.

    Basta considerar: a) Que los tratados públicos sobre límites no se denuncian; b) Que para la época del canje de ratificaciones (1930) ya había cesado la ocupación norteamericana; c) Que, aun cuando los tratados suelen suscribirse en condiciones de ocupación, no es ésta una causal de nulidad; d) Que si se aplicara semejante principio por la Corte, todo el mapa de Europa Oriental tendría que ser revisado por haberse firmado, por el imperio Otomano, el antiguo Imperio Austro-Húngaro, los tratados sobre los Balcanes, bajo un estado comparable al de ocupación; e) Que la nulidad, cuando se presenta, surge de un fallo y no de una declaración unilateral, como lo pretendió el gobierno sandinista.

    Nuestra invulnerabilidad nace del clásico principio de pacta sun servanda, es decir, que los pactos son para cumplirlos, o sea, lo que la Convención de Viena protocolizó como la intangibilidad de los tratados. En consecuencia, el Tratado Esguerra-Bárcenas no es susceptible de ningún género de revisión.

    La consecuencia obvia sería que se procediera en dos instancias distintas: la primera, de evacuación ultrarrápida: reconocer el dominio secular de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Y, posteriormente, la interpretación acerca del Meridiano 82, en cuanto a jurisdicción marítima de los dos Estados. Es claro que, si el Archipiélago no es de Colombia, no hay lugar a ninguna delimitación marítima y sería ocioso para la Corte Internacional ponerse a estudiar simultáneamente los dos temas, porque el uno es lo principal y, el otro, es apenas subsidiario, y este proceso de mediación ya se cumplió en 1929, cuando no solamente se pusieron en juego la Costa de Bluefield (Mosquitia), San Andrés y las islas e islotes, definitorios del Meridiano 82. Es lo único lógico.

    Lo contrario, es una trampa, respaldada con argumentos humanitarios sobre la dieta de los pescadores nicaragüenses y la urgencia de disponer de un área mayor de aquella a la cual aspiran, por la extensión de su Costa Atlántica, de acuerdo con la Ley del Mar, que regula la materia. Probablemente por estas razones es que algunos jurisconsultos nicaragüenses buscan otra vía, consistente en invocar la plataforma continental de su país como base y sustento del Archipiélago.

    Lo curioso de la demanda nicaragüense, si es como se ha insinuado en algunas ocasiones, es que para reivindicar el Archipiélago de San Andrés, no tocan el Tratado de 1928 sino que alegan que el Archipiélago es apenas la afloración de la plataforma submarina de Nicaragua, una de las más largas del mundo, que se prolonga desde la Costa de Mosquitia hasta más allá del Archipiélago. Digo curioso, porque lo normal es que, en virtud del territorio continental, se alegue la propiedad marítima, mientras que, en este caso, sería en virtud de la plataforma continental como se reivindicaría el Archipiélago, descalificándolo como islas e islotes, asimilando el Archipiélago y los cayos a distintos promontorios emergentes de la plataforma, algunos más grandes que otros, pero no autónomos sino derivaciones de la plataforma, que, por lo demás, no genera soberanía.

    Decir, como lo hacen algunos, que, si se desconoce por Nicaragua el Tratado, Colombia quedaría, en virtud de los títulos españoles, dueña de la Costa de Mosquitia, o sea, la Costa Atlántica de Nicaragua, es cierto, pero no ocurriría en este último caso, porque el argumento no versa sobre la validez del Tratado sino sobre la aplicación del Derecho del Mar, en cuanto a las áreas marinas y submarinas y, particularmente, en cuanto al alcance de una plataforma continental que, partiendo de la Costa de Nicaragua, penetra más allá de la prolongación tradicional de las plataformas marítimas.

    La expresión exacta sería, a mi entender, el que la demanda no desconocería el Tratado sino que lo soslayaría, entrando a desconocer los derechos de Colombia por la puerta de atrás, es decir, en virtud del Derecho del Mar, o sea, la Convención de Ginebra de 1959 y de Montego Bay, que Colombia no ha ratificado aún.

    De nuestra parte, la consecuencia tiene que ser una estrategia, que ya está estudiada y analizada a fondo, para que lo que toque interpretar sea el alcance del Meridiano 82, que hizo parte del canje de ratificaciones y no los títulos jurídicos sobre el Archipiélago que, desde el punto de vista legal, son intocables y, en tal caso, acabarían siendo cuestionados desde el punto de vista físico, tratando las islas e islotes como simples afloraciones de la plataforma.

    Son las opiniones de este profano, que aspira a arrojar una luz sobre una nuevo ángulo, por donde tampoco se afectarían los derechos de Colombia, pero sobre lo cual también hay que estar prevenido, con los argumentos contundentes que no es del caso divulgar en un escrito periodístico.

    El Tiempo Colombia, 16-12-2001




    --------------------------------------------------------------------------------

    The Miskito Indians, described by William Dampier
     

    --------------------------------------------------------------------------------

    The following account by William Dampier from A New Voyage Round the World (first published in London, 1697) dates from 1681, when he and his shipmates, including several Miskito Indians, landed on the south coast of Panama (then called Darien). Dampier pays high respect to the fishing and harpooning skills of the Miskito, and also provides a few observations on their social customs and farming methods. This is one of the very earliest descriptions of the Miskito Indians (called the Moskito by Dampier), a composite group of tribes and descendents of runaway slaves living along the Caribbean coastline of Honduras and Nicaragua, a region called the Miskito Coast.

     "...When we had rowed and towed against the Wind all night; we just got about Cape St. Lorenzo in the morning; and sailed about 4 miles farther to the Westward, and run into a small Creek within two Keys, or little Islands, and rowed up to the Head of the Creek, being about a Mile up, and there we landed May 1681. We got out all our Provision and Cloaths, and then sunk our Vessel. While we were landing and fixing our Snap -sacks to march, our Moskito Indians struck a plentiful Dish of Fish, which we immediately drest, and therewith satisfied our Hunger.
     " Having made mention of the Moskito Indians, it may not be amiss to conclude this Chapter with a short account of them. They are tall, well- made, raw -bon'd, lusty, strong, and nimble of Foot, long -visaged, lank black Hair, look stern, hard favour'd, and of a dark Copper- colour Complexion. They are but a small Nation or Family, and not 100 Men of them in Number, inhabiting on the Main on the North-side, near Cape Gratia Dios; between Cape Honduras and Nicaragua.

    Fig.1: Map of Central America and the Caribbean by Dampier. The Miskito Coast is marked with a star (Dampier 1697, A New Voyage Round the World).]

    "They are very ingenious at throwing the Lance, Fisgig, (1) Harpoon, or any manner of Dart, being bred to it from their Infancy; for the Children imitating their Parents, never go abroad without a Lance in their Hands, which they throw at any Object, till use hath made them masters of the Art. Then they learn to put by a Lance, Arrow, or Dart: The manner is thus. Two boys stand at a small distance, and dart a blunt stick at one another; each of them holding a small stick in his right hand, with which he strikes away that which was darted at him. As they grow in years they become more dexterous and courageous, and then they will stand a fair mark, to any one that will shoot Arrows at them; which they will put by with a very small stick, no bigger than the Rod (2) of a Fowling-piece; and when they are grown to be Men, they will guard themselves from Arrows, tho they come very thick at them, provided two do not happen to come at once. They have extraordinary good Eyes, and will discry a Sail at Sea farther, and see any thing, better than we.

     "Their chiefest employment in their own Country is to strike Fish, Turtle or Manatee, the manner of which I describe elsewhere, Chap. 3. For this they are esteemed and coveted by all Privateers; for one or two of them in a Ship, will maintain 100 Men: So that when we careen our Ships, we choose commonly such places, where there is plenty of Turtle or Manatee for these Moskito Men to strike; and it is very rare to find Privateers destitute of one or more of them, when the Commander, or most of the Men are English; but they do not love the French, and the Spaniards they hate mortally. When they come among Privateers they get the use of Guns, and prove very good marks Men; they behave themselves very bold in fight, and never seem to flinch nor hang back; for they think that the white Men with whom they are, know better than they do when it is best to fight, and let the disadvantage of their party be never so great, they will never yield nor give back while any of their party stand.

     "I could never perceive any Religion nor any Ceremonies, or superstitious Observations among them, being ready to imitate us in whatsoever they saw us do at any time. Only they seem to fear the Devil, whom they call Wallesaw; and they say he often appears to some among them, whom our Men commonly call their Priest, when they desire to speak with him on urgent business; but the rest know not any thing of him, nor how he appears, otherwise than as these Priests tell them. Yet they all say they must not anger him, for then he will beat them, and that sometimes he carries away these their Priests. Thus much I have heard from some of them who speak good English.

      " They marry but one Wife, with whom they live till death separates them. At their first coming together, the Man makes a very small Plantation, (3) for there is Land enough, and they may choose what spot they please. They delight to settle near the Sea, or by some River, for the sake of striking Fish, their beloved employment.

    " Far within land there are other Indians, with whom they are always at War [4]. After the Man hath cleared a spot of Land, and hath planted it, he seldom minds it afterward, but leaves the managing of it to his Wife, and he goes out a striking. Sometimes he seeks only for Fish, at other times for Turtle, or Manatee, and whatever he gets he brings home to his Wife, and never stirs out to seek for more till it is all eaten. When hunger begins to bite, he either takes his Canoa and seeks for more game at Sea, or walks out into the Woods and hunts about for Peccary, [5] Waree, (6) each a sort of wild Hogs, or Deer; and seldom returns empty handed, nor seeks for any more so long as any of it lasts.

    [Fig.2: Map of the Miskito Coast, showing tribal regions (after BAE Bull 143, vol.4, map 5; Athena Review).]

     " Their Plantations are so small, that they cannot subsist with what they produce: for their largest Plantations have not above 20 or 30 Plantain Trees, (7) a bed of Yams (8) and Potatoes, (9) a bush of Indian Pepper (10), and a small spot of Pine-apples(11) ; which last fruit is a main thing they delight in, for with these they make a sort of drink which our men call Pine-drink, much esteemed by these Moskito's, and to which they invite each other to be merry, providing Fish and Flesh also. Whoever of them makes of this Liquor treats his Neighbours, making a little Canoa full at a time, and so enough to make them all drunk; and it is seldom that such Feasts are made, but the party that makes them hath some design, either to be revenged for some injury done him, or to debate of such differences as have happened between him and his Neighbours, and to examine into the truth of such matters. Yet before they are warmed with drink, they never speak one word of their grievances: and the women,. who commonly know their Husbands designs, prevent them from doing any injury to each other by hiding their Lances, Harpoons, Bows and Arrows, or any other weapon that they have.

     " These Moskito's are in general very civil and kind to the English, of whom they receive a great deal of respect, both when they are aboard their Ships, and also ashore either in Jamaica, or elsewhere, whither they often come with the Seamen. We always humour them, letting them go any whither as they will, and return to their country in any Vessel bound that way, if they please. They will have the management of themselves in their striking, and will go in their own little Canoa, which our men could not go in without danger of oversetting; nor will they then let any white man come in their Canoa, but will go a striking in it just as they please: All which we allow them. For should we cross them, tho' they should see shoals of Fish, or Turtle, or the like, they will purposely strike their Harpoons and Turtle-irons aside, or so glance them as to kill nothing. They have no form of Government among them, and acknowledge the King of England for their sovereign: They learn our language, and take the Governour of Jamaica to be one of the greatest princes in the world..."
     
     

    --------------------------------------------------------------------------------

    Notes: (based partly on Masefield's 1906 edition)

    1. Fisgig, fishgig, or visgee, now generally called the grains, a harpoon with three or more barbed heads.

    2. The ramrod.

    3. Lionel Wafer (the surgeon on this voyage, who published his own account in 1699) tells us that the plantation was cleared for the newly married couple by the men of the Mosquito tribe.

    4. Such outside tribes were collectively called the Sumo by the Miskito (see fig.2).  A typical Miskito village held between 100 and 500 inhabitants. Sumo villages were apparently much smaller. (For more information on the Sumo and Miskito cultures, see Bureau of American Ethnology (BAE), Bull.143,v4 [1948], pp. 219-229.)

    5. Peccary (Dicotyles torquatus). A gregarious wild hog. "'Tis black, and has little short legs, yet is pretty nimble."

    6. Warree (Dicotyles labiatus). "A very good sort of a wild beast, which is much like unto our English Hog ." I t has tusks and bristles like the European wild boar. It is much more savage than the peccary.

    7. Plantain (Musa sapientum). A large variety of banana, originally imported from the Old World.

    8. Yam (Discorea alata), imported from Africa. The word comes via Portuguese inhame, probably from Bantu nyama ("meat") or Bambara nyana ("wild yam").

    9. Sweet potato (Ipomoea batatas), a New World domesticate originally from the Andean region.

    10. Indian Pepper: any of several species of Capsicum , all of which are New World domesticates.

    11. Pineapple (Ananas comosus). Another New World domesticate.
     
     

    www.manfut.org